El gobierno cubano habría revendido en el mercado asiático cerca del 60% del combustible recibido de Venezuela durante el último año, generando ingresos millonarios mientras la población enfrenta una profunda crisis energética. La revelación, proveniente de altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, expone cómo las autoridades de la isla priorizan el lucro externo frente al colapso del sistema eléctrico nacional.
Según las estimaciones del Ejecutivo estadounidense, Caracas suministró a La Habana aproximadamente 70.000 barriles diarios de crudo y refinados, con un valor que ronda los 1.300 millones de dólares. De este volumen, el régimen de La Habana desvió hacia Asia unos 40.000 barriles diarios. Esta operación se produce en medio de apagones simultáneos que afectan a más del 60% del territorio nacional, evidenciando una grave desconexión entre la gestión de los recursos estatales y las necesidades básicas de la ciudadanía. Funcionarios estadounidenses señalan que esta reventa es una prueba del enriquecimiento de la cúpula, la cual prefiere acumular fondos en el extranjero antes que invertir en infraestructura, salud o el sistema eléctrico.
Las cifras manejadas por Washington contrastan parcialmente con reportes independientes. Agencias como Reuters, mediante el seguimiento de buques, han calculado que el flujo real hacia la isla rondaba los 27.000 barriles diarios en el mismo periodo. Sin embargo, ambas versiones coinciden en señalar la existencia de operaciones opacas para evadir sanciones internacionales. Un patrón recurrente involucra a superpetroleros que cargan en Venezuela, realizan transbordos en el Caribe hacia embarcaciones con destino a Cuba y continúan su ruta hacia China con el cargamento restante, una táctica que ha sido monitoreada y, en casos como el del buque Skipper, interceptada frente a las costas venezolanas.
Opacidad financiera y control militar
Esta dinámica de desvío de recursos se enmarca en el control absoluto que ejerce la dictadura cubana sobre la economía nacional. El conglomerado empresarial militar GAESA, brazo financiero de las Fuerzas Armadas, maneja activos que superan los 18.000 millones de dólares, de los cuales 14.500 millones permanecen en cuentas bancarias extraterritoriales vinculadas al propio grupo. Mientras el aparato militar acumula esta riqueza, el pueblo cubano sufre las consecuencias directas de la corrupción sistémica: inflación descontrolada, desabastecimiento crónico de alimentos y un sistema de generación eléctrico al borde del colapso total por falta de mantenimiento y diésel.
La presión internacional sobre estos esquemas ilícitos podría intensificarse. La Administración de Estados Unidos evalúa imponer un \»bloqueo total\» a las importaciones de petróleo de la isla, lo que obliga a las autoridades cubanas a buscar alternativas. En este escenario, México ha ganado peso como proveedor, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum estaría reevaluando sus envíos de crudo por temor a represalias estadounidenses. La presidenta mexicana ha defendido los cargamentos como parte de contratos de PEMEX o acciones \»humanitarias\», pero la incertidumbre sobre el futuro suministro energético a la isla se mantiene en vilo.
El desvío de combustible y la posible suspensión de apoyo desde México auguran un escenario aún más crítico para la población. Ante la inminente escasez de diésel para la generación distribuida y la negativa de la élite gobernante a destinar sus reservas financieras al beneficio público, los apagones prolongados amenazan con agravar la ya precaria situación social. La comunidad internacional mantiene la mirada puesta en las maniobras financieras del régimen, mientras la crisis estructural empuja a miles de cubanos a profundizar el éxodo migratorio ante la falta de perspectivas de mejora y el endurecimiento de la represión interna.
