El activista Hiosbel Román Ramos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue condenado a dos años de privación de libertad tras un proceso judicial amañado en la provincia de Artemisa. Las autoridades de la isla utilizaron una acusación de hurto, desmentida por el propio implicado, para criminalizar su labor política y enviarlo a prisión.
El opositor, de 51 años y residente en la comunidad de Los Pinos, en el municipio de San Cristóbal, fue arrestado inicialmente el 3 de febrero en su domicilio por el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). El operativo se originó a partir de una declaración de un guardia de un organopónico cercano, quien, al ser detenido por sustraer cajas de tomates, aseguró a la policía que había realizado \»negocios\» con Román Ramos. El activista explicó que en ocasiones ha comprado vegetales en dicho centro, el cual vende parte de su producción a los vecinos, pero desmintió categóricamente durante un careo haber recibido dos cajas de hortalizas de forma ilícita.
Tras ser mantenido encerrado arbitrariamente durante 42 días, el régimen de La Habana citó al activista a juicio en el mes de septiembre. El proceso, llevado a cabo en el Tribunal Municipal Popular de San Cristóbal, se desarrolló sin la presencia de la Fiscalía, contando únicamente con los miembros del tribunal y los abogados defensores. Román Ramos detalló que las autoridades pretendían inicialmente imputarle el delito de \»robo con fuerza\», pero tuvieron que modificar la figura jurídica a \»hurto\» al no conseguir el respaldo de los trabajadores del lugar.
El resultado de la vista fue una sentencia de dos años de cárcel para el miembro de la UNPACU, mientras que el verdadero responsable de la sustracción, el sereno del organopónico, fue sancionado únicamente a un año de reclusión domiciliaria —de la casa al trabajo— y al pago de una multa. La apelación presentada ante el Tribunal Provincial Popular de Artemisa fue rechazada, ratificando la condena contra el activista, quien se entregó a las autoridades el pasado 19 de enero.
Criminalización de la disidencia y colapso institucional
El caso de Hiosbel Román Ramos ilustra una práctica sistemática de la dictadura cubana: la utilización del aparato judicial para fabricar causas penales comunes contra opositores políticos, con el objetivo de neutralizar el activismo pacífico. La disparidad en las condenas evidencia el carácter político de la represión, donde el castigo al disidente supera al del infractor real. Esta estrategia de criminalización se profundiza en un contexto de crisis estructural, donde el desabastecimiento y la inflación empujan a la ciudadanía a estrategias de supervivencia que el Estado aprovecha para justificar la persecución selectiva.
Actualmente, Román Ramos permanece en los calabozos de la unidad de la PNR en Artemisa. Los uniformados justificaron el retraso en su traslado al centro penitenciario alegando la falta de transporte por la escasez de combustible, una muestra más del colapso de los servicios públicos en la isla. Esta situación deja al descubierto no solo la vulnerabilidad de los presos políticos, sino también la incapacidad del gobierno cubano para sostener su propia infraestructura represiva en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.
