La presidenta del monopolio estatal de telecomunicaciones en Cuba, Tania Velázquez Rodríguez, compareció en la televisión oficial para justificar el controvertido aumento de tarifas y la restricción de las recargas en moneda nacional, una medida que ha desatado una ola de rechazo popular y evidencia la profunda crisis de sostenibilidad que atraviesa el sector y el país.
En un intento por controlar la narrativa frente al estallido de críticas en redes sociales, el aparato de propaganda del régimen organizó un espacio televisivo donde Velázquez Rodríguez respondió a las cuestiones planteadas por el vocero oficialista Lázaro Manuel Alonso. La funcionaria reconoció abiertamente que la empresa ha recibido «bastantes insatisfacciones» por parte de la población, atribuyendo el descontento a una supuesta «incomprensión» sobre el alcance y las implicaciones de la nueva medida.
Sin embargo, la realidad que viven los cubanos dista mucho de una simple incomprensión. Vigente desde el 30 de mayo, el nuevo esquema tarifario ha sido catalogado por los propios usuarios como un «robo a mano armada». La medida limita a una sola recarga mensual en pesos cubanos (CUP) un máximo de 360 pesos, restringiendo de forma severa el acceso a planes básicos de datos, llamadas y mensajes para todos aquellos ciudadanos que no tienen acceso a divisas extranjeras.
De manera paralela, la compañía estatal promociona e impulsa ofertas en dólares que únicamente pueden adquirirse desde el exterior o a través de la billetera digital Monedero MiTransfer, la cual exige ser alimentada en moneda dura. Esta política de dolarización forzosa profundiza la ya alarmante brecha de desigualdad social en la isla, creando un sistema de apartheid digital donde el derecho a la comunicación está condicionado al apoyo financiero desde el extranjero.
🚨 ÚLTIMA HORA | Presidenta de ETECSA Responde En La TV Cubana A Las Críticas Por El Tarifazo
El desplome de la infraestructura y la falta de mantenimiento
Para justificar lo que ya se conoce popularmente como el «tarifazo», la dirigente de ETECSA se escudó paradójicamente en las quejas que los cubanos han venido denunciando durante años: la pérdida de calidad del servicio, la mala conectividad y las interrupciones prolongadas. Velázquez Rodríguez admitió que el colapso energético nacional ha impactado de lleno en las telecomunicaciones, revelando datos alarmantes sobre el estado de la infraestructura.
«De las más de 5.000 radiobases que tenemos, el 50% cuando hay una pérdida de energía en la zona, se apagan, porque las baterías que sostienen su funcionamiento están completamente agotadas», afirmó la presidenta. Esta declaración es una confirmación tácita de la incapacidad del gobierno cubano para mantener operativa una infraestructura básica, derivada de la falta de inversiones reales y de la desviación de los ingresos generados por la empresa durante años.
La funcionaria también señaló que la empresa carece de recursos para implementar nuevos servicios o reparar los existentes, obligándolos a buscar «sostenibilidad». Argumentó que el país cuenta con dos cables submarinos para el acceso a internet, pero que las capacidades que transitan por estos cables y se conectan a los servidores internacionales deben ser pagadas a los operadores extranjeros en divisas. De este modo, el régimen de La Habana traslada la carga de su ineficiencia económica directamente al bolsillo de los ciudadanos.
Admisión de errores y miedo a la reacción popular
Sobre la implementación repentina de la medida, sin previo aviso a la población, Velázquez Rodríguez argumentó que otras autoridades, como el primer ministro Manuel Marrero Cruz, ya habían advertido a finales del año pasado e inicios de 2025 sobre cambios comerciales inminentes. No obstante, se vio obligada a aceptar que la puesta en marcha del nuevo esquema fue inoportuna y careció de una estrategia de comunicación adecuada.
«Nosotros entendemos que, si esta es un criterio generalizado, sencillamente nos faltaron herramientas y mecanismos más efectivos para abordar esta información», aseveró. La presidenta añadió que ETECSA ocultó la llegada de la medida por temor a «crear ansiedad» en la población y evitar que los usuarios realizaran «recargas intensivas de saldo» que pudieran sobresaturar el ya frágil sistema. Esta justificación revela el nivel de precariedad técnica del monopolio estatal y el temor de las autoridades a las reacciones masivas de la ciudadanía.
La comparecencia también tocó un punto neurálgico: el destino de los ingresos. La informatización en la isla cumple diez años desde la llegada de las primeras salas de navegación y los parques wi-fi, seguidas del acceso a datos móviles. Con millones de usuarios activos y decenas de millones de recargas anuales, el interrogante lógico sobre la administración de esos fondos quedó planteado en el propio espacio oficial: «¿Ese dinero a dónde está yendo? ¿No está yendo a esas inversiones?», cuestionó el presentador.
Fraude, competencia no oficial y pérdida de control
La retórica oficial de Velázquez Rodríguez se sustentó en que la compañía enfrenta «un endeudamiento muy alto», agravado por su esquema previo de ofertas en moneda nacional y la escasez de ingresos. Pero detrás de esta crisis financiera también se esconde la pérdida de control absoluto del monopolio castrista. En los últimos años, el auge de actores no oficiales de recargas desde el extranjero ha erosionado drásticamente las ganancias de la empresa estatal.
«Existen elementos de fraude que hoy están impactando en nuestro flujo. Eso es algo que ya viene presentándose en los últimos tres o cuatro años y ha generado una erosión muy drástica de nuestros ingresos. Hemos perdido más del 60% de los ingresos que provenían del exterior», admitió la funcionaria. Esta cifra demuestra que el mercado negro y las vías alternativas han surgido como una respuesta natural de la población y la diáspora a los precios abusivos y el control estatal.
Ante este escenario, la activista cubana Saily González Velázquez, exiliada en Estados Unidos, denunció en Facebook la naturaleza de la medida, calificándola como un esquema de extorsión institucional. «El Gobierno cubano está muy mal acostumbrado a tratarnos como el padre millonario de la hija rehén. Nos extorsionan y nos hacen pagar rescates a modo de combos para que los nuestros coman (…) a modo de ventiladores recargables y plantas eléctricas para que los nuestros vivan con un poquito menos de incomodidad», señaló la opositora, captando el sentimiento de miles de cubanos que se sienten rehenes de las políticas del Estado.
Contexto sistemico: Dollarización, crisis energetica y represion
El «tarifazo» de ETECSA no es un hecho aislado, sino una manifestación más de la profunda crisis estructural que sufre Cuba. La economía de la isla se encuentra inmersa en un proceso de hiperinflación galopante, donde el salario medio en CUP no alcanza para cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene. En este contexto, limitar el acceso a las telecomunicaciones en moneda nacional es un golpe directo a la ya precaria calidad de vida de los cubanos, aislando a aquellos que no reciben remesas del exterior.
Asimismo, el colapso de las radiobases debido a la falta de baterías operativas es una consecuencia directa de la crisis energética nacional. El sistema electroenergético nacional ha sufrido apagones prolongados durante meses, derivados de la falta de mantenimiento de las termoeléctricas, la escasez de combustible y la ausencia de inversiones estratégicas por parte del ejecutivo cubano. La infraestructura de ETECSA es solo una víctima más de la ineficiencia centralizada y la falta de planificación del régimen.
Además, el acceso a internet en Cuba ha estado históricamente sujeto a un estricto control y vigilancia por parte de la dictadura. Aunque la expansión de los datos móviles en 2018 abrió una pequeña ventana para el flujo de información, el gobierno ha implementado desconexiones selectivas durante las protestas y mantiene un aparato de represión digital contra activistas y periodistas independientes. El nuevo esquema tarifario actúa como una herramienta de censura económica, dificultando que los sectores más humildes de la sociedad puedan organizarse, informarse y denunciar los abusos del poder.
Consecuencias y panorama a futuro
La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. Diversos grupos en redes sociales han convocado a un «parón total de recargas» como acto de protesta y desobediencia civil, buscando impactar directamente los ingresos de la empresa estatal. Esta iniciativa refleja un creciente nivel de indignación y una pérdida de miedo entre la población, que está dispuesta a prescindir de servicios vitales con tal de no someterse a lo que consideran un abuso descarado.
El futuro inmediato apunta a un agravamiento de la fractura social. Con un servicio de telecomunicaciones cada vez más caro y deficiente, la brecha entre los cubanos con acceso a divisas y aquellos que dependen exclusivamente de su salario en pesos se ensanchará de manera irreversible. La incapacidad del monopolio para modernizar su infraestructura, sumada a la fuga de ingresos hacia mercados alternativos, augura un deterioro continuo de la calidad de las conexiones en la isla.
Finalmente, la comparecencia de Tania Velázquez Rodríguez deja en evidencia que las autoridades de la isla carecen de soluciones reales para la crisis. La estrategia se reduce a extraer la poca riqueza restante en la población a través de la dolarización forzosa de servicios básicos. Mientras la comunidad internacional mantiene su atención dividida y el régimen de La Habana se aferra a un modelo económico fracasado, los cubanos continúan soportando el peso de un sistema que los priva no solo de bienes materiales, sino también del derecho fundamental a comunicarse.
