Alberto Bousquet Alfonso, descendiente de una prominente familia habanera que abandonó Cuba con apenas ocho años durante la primera oleada del exilio en la década de 1960, asegura que la inestabilidad jurídica y económica que impone el régimen de La Habana hace inviable cualquier proyecto de inversión en la isla, a pesar de conservar vínculos afectivos y patrimoniales con sus raíces.
Desde su residencia en Madrid, a pocos minutos del estadio Santiago Bernabéu, Bousquet Alfonso reconstruye una historia familiar que abarca varias generaciones de propietarios agrícolas y profesionales en la Cuba pre-revolucionaria. Su padre, Eduardo Bousquet Astray-Caneda, nacido en La Habana en 1917, trabajaba en la agencia bursátil Luis Mendoza y Cía y administraba extensas propiedades en las provincias de Oriente y Matanzas, incluyendo la colonia La Perla, cercana a Alto Songo, en las inmediaciones de la Sierra Maestra. Todas esas tierras fueron confiscadas tras la llegada al poder del gobierno cubano encabezado por Fidel Castro, obligando a la familia a marchar al exilio.
La rama paterna de los Bousquet procede de colonos franceses originarios de Burdeos que se asentaron en la colonia de Puerto Príncipe —actual Haití— y huyeron a Cuba tras la Revolución Haitiana. Por parte materna, Bousquet desciende de los marqueses de Montelo y condes de Canímar, linaje que conecta a su familia con figuras de la alta sociedad española del siglo XX. Su abuela materna, Carmelina Guzmán Rodríguez-Ojea, mantenía correspondencia regular con la reina Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, durante el exilio de esta en Lausana, Suiza. Documentos, álbumes fotográficos, grabados y un extenso árbol genealógico elaborado por su padre antes de fallecer en 2007 son parte del archivo que Bousquet custodia en España.
Un único retorno y un balance desalentador
En 2017, más de cinco décadas después de haber salido de Cuba, Bousquet viajó por única vez a la isla acompañado de su esposa, su hijo y su nuera. El recorrido incluyó una visita a la antigua colonia oriental de La Perla, una de las propiedades más significativas de su familia. A pesar del valor sentimental de aquel encuentro con el pasado, la realidad que encontró en el país reforzó su decisión de no comprometer recursos económicos en territorio cubano. La falta de garantías legales para la propiedad privada, el control estatal sobre la actividad empresarial y el deterioro generalizado de la infraestructura constituyen, a su juicio, obstáculos insalvables para cualquier iniciativa seria de inversión.
El testimonio de Bousquet se inscribe en una tendencia más amplia dentro de la diáspora cubana. A pesar de las reformas limitadas que las autoridades de la isla han implementado en los últimos años para atraer capital extranjero y remesas, numerosos exiliados con capacidad económica descartan participar en la economía nacional ante el riesgo de expropiación y la ausencia de un marco jurídico confiable. La experiencia de quienes perdieron todas sus posesiones tras la nacionalización masiva de bienes entre 1959 y 1968 sigue funcionando como un referente disuasorio para generaciones posteriores.
El caso refleja además una paradoja central del modelo económico cubano: mientras el ejecutivo cubano reclama inversión foránea y apoyo de la comunidad emigrada, mantiene intactas las estructuras de control que impiden el desarrollo de un sector privado autónomo y desincentivan la confianza de potenciales inversores. Para figuras como Bousquet, cuya memoria familiar está ligada a la propiedad y el trabajo agrícola en la Cuba anterior a 1959, la conclusión es inequívoca: sin un cambio sustancial en las condiciones políticas y jurídicas de la isla, el regreso —en términos económicos— sigue siendo una posibilidad descartada.
