La familia del pequeño Nelson Thiago García Lugones, de seis años, denuncia que el menor fue asesinado y posteriormente arrojado a un pozo en el municipio de Alquízar, Artemisa, frente a la falta de respuestas y la opacidad de las autoridades cubanas sobre el caso.
El cuerpo sin vida del niño fue hallado el pasado 21 de octubre en la finca El Recurso, en la provincia de Artemisa. En un primer momento, el semanario oficialista El Artemiseño informó que la Jefatura Provincial del Ministerio del Interior (MININT) investigaba el hecho, sugiriendo que el menor había desaparecido mientras jugaba con amigos en la zona. Sin embargo, los allegados a Thiago han desmontado la versión del accidente, señalando que el infante presentaba un golpe en la cabeza y ningún rasguño compatible con el tránsito por la densa vegetación que rodea el pozo.
Quienes participaron en la búsqueda relataron haber resultado con múltiples cortes y arañazos al atravesar el monte, una zona de difícil acceso, lo que refuerza la hipótesis de que el cuerpo fue trasladado hasta el lugar tras ocurrir el deceso. Asimismo, el periodista independiente José Luis Tan Estrada difundió recientemente que se habría entregado a las autoridades el presunto asesino, identificado como Juan Carlos, de unos 50 años y padre del amante de la madre del niño. Hasta el momento, el régimen de La Habana no ha emitido comunicado alguno que confirme esta versión ni detalle el estado de la investigación.
Opacidad institucional y desprotección ciudadana
La falta de información oficial y la aparente inacción policial frente a los sospechosos identificados por la familia reflejan un patrón recurrente del gobierno cubano en la gestión de casos penales graves. En medio de una crisis estructural que ha mermado la capacidad operativa de las instituciones y profundizado la desprotección ciudadana, la opacidad se impone sobre la transparencia. Esta dinámica obliga a las familias a recurrir a la prensa independiente para visibilizar sus tragedias, ante un sistema que prioriza el control del relato por encima de la impartición efectiva de justicia.
El caso ha conmocionado a la comunidad de Alquízar, que exige respuestas claras ante la muerte del pequeño. Mientras la dictadura cubana mantiene su silencio sobre los detalles del suceso, la impunidad y la incertidumbre se ciernen sobre una ciudadanía que, sumida en la precariedad y el desamparo institucional, ve cómo la seguridad de los menores se ve cada vez más comprometida ante la ineficacia del Estado para proteger a los más vulnerables.
