El fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó que las autoridades estatales avanzan con rigor en la reapertura del caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996. La investigación busca determinar la responsabilidad penal de Raúl Castro, entonces jefe de las Fuerzas Armadas, en un ataque que cobró la vida de cuatro tripulantes en aguas internacionales.
Durante una visita a Miami, el funcionario aseguró que el expediente, reabierto el pasado mes de marzo, cuenta con nuevos elementos de prueba, entre los que destaca una grabación que vincularía directamente a Raúl Castro con la orden de ataque. Uthmeier enfatizó que la fiscalía estatal trabaja de manera coordinada con las autoridades federales del sur de Florida, tras varios intentos frustrados de presentar cargos formales durante la administración de Joe Biden.
El 24 de febrero de 1996, cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos aviones civiles Cessna pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, un grupo que realizaba labores de patrullaje en el estrecho de Florida para auxiliar a balseros. Investigaciones posteriores demostraron que la dictadura cubana utilizó agentes de inteligencia infiltrados en la organización para obtener las rutas de vuelo, facilitando así la emboscada que asesinó a tres ciudadanos estadounidenses y a un residente permanente.
Impunidad histórica y responsabilidad del régimen
Este episodio representa uno de los actos de violencia estatal más graves perpetrados por el régimen de La Habana contra civiles desarmados. La impunidad que ha rodeado el caso durante casi tres décadas es un reflejo del patrón histórico de la dictadura, que ha utilizado el asesinato, la represión y la persecución política como herramientas para silenciar el disenso y aterrorizar al exilio, mientras la comunidad internacional ha mantenido respuestas tibias frente a estas violaciones de los derechos humanos.
La presión de legisladores del sur de Florida, como la senadora Ashley Moody y los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, ha sido clave para reactivar el proceso judicial. Aunque el fiscal aclaró que esta investigación no interferirá en eventuales gestiones diplomáticas entre Washington y La Habana, el avance del caso sienta un precedente fundamental. Lograr la imputación de los máximos responsables del ataque no solo representaría justicia para las víctimas del castrismo, sino que también enviaría un mensaje contundente sobre la necesidad de rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades de la isla.
