Familias del poblado Grito de Yara, en la provincia de Granma, enfrentan una situación de extrema precariedad tras el paso del huracán Melissa, llevando más de 14 días sin acceso a electricidad, agua potable ni alimentos suficientes. La denuncia, expuesta por el activista José Díaz Silva, evidencia la incapacidad del gobierno cubano para responder a la emergencia y el abandono sistemático de los damnificados.
Según el testimonio de Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), los residentes se ven obligados a acudir al policlínico local para cargar sus teléfonos móviles y conseguir un mínimo de iluminación, ante la total ausencia de recursos en sus hogares. La escasez de combustible doméstico ha llevado a muchas familias a quedarse incluso sin leña o carbón para cocinar. Las raciones distribuidas por las bodegas estatales se han limitado a una sola libra de arroz por persona, una respuesta insuficiente que ha dejado a la comunidad sin esperanza de que las autoridades de la isla actúen.
La crisis humanitaria golpea con mayor dureza a los grupos vulnerables. Vecinos relatan la angustia de no contar con medicamentos para tratar a niños enfermos, mientras los centros de salud locales permanecen vacíos. La desidia institucional alcanzó niveles alarmantes cuando un fallecido permaneció más de 10 horas en su vivienda sin que las autoridades pudieran movilizar un vehículo para retirar el cuerpo. Además, los residentes aseguran que la devastación no fue causada únicamente por el fenómeno meteorológico, sino por la apertura de las compuertas de la presa Cauto el Paso, una decisión que provocó inundaciones y destruyó viviendas y cultivos.
Dimensión de la tragedia y crisis estructural
El Sistema de Naciones Unidas en Cuba elevó recientemente las cifras de afectaciones, reportando más de 90.000 viviendas dañadas y unas 100.000 hectáreas de cultivos devastadas por el huracán. Informes preliminares detallan daños en 600 infraestructuras médicas, más de 2.000 escuelas y el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Para mitigar el desastre, la ONU presentó un Plan de Acción de 74,2 millones de dólares para asistir a un millón de personas severamente afectadas. Sin embargo, la recuperación se ve fuertemente obstaculizada por la profunda crisis económica que precede al desastre natural.
El régimen de La Habana llega a esta emergencia tras más de cinco años de recesión, inflación galopante y desabastecimiento crónico, factores que han mermado cualquier capacidad de respuesta estatal. La tragedia en Grito de Yara es un reflejo de cómo la ineficiencia burocrática y la falta de planificación del ejecutivo cubano agravan las consecuencias de los desastres naturales. Mientras la comunidad internacional moviliza recursos para asistir a la isla, los ciudadanos continúan padeciendo el abandono de una dictadura que prioriza el control político sobre el bienestar y la supervivencia de su población.
