La hija del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández ha vuelto a exigir un juicio público y transparente para su padre, frente al hermetismo informativo del régimen de La Habana. La demanda se produce tras la emisión de un programa oficialista que abordó el caso, lo que desató una ola de descalificaciones contra la joven por parte de sectores afines al gobierno cubano.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, Laura María Gil González respondió a la reciente transmisión del espacio televisivo \»Con Filo\», conocido por su línea de ataque contra voces críticas. La joven señaló que, aunque el programa admitió de manera indirecta la necesidad de no emitir criterios sin pruebas en un proceso penal, su pronunciamiento le costó una serie de ataques personales, incluyendo el calificativo de \»traidora\». Estas represalias evidencian el carácter punitivo de la dictadura cubana frente a quienes se atreven a reclamar garantías procesales mínimas y transparencia.
El exministro fue destituido de su cargo en febrero de 2024 y posteriormente señalado por la Fiscalía General de la República en una causa que mezcla delitos económicos con presuntos hechos vinculados a la seguridad del Estado. El expediente fue remitido a la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular. Hasta el momento, las autoridades de la isla han mantenido un absoluto hermetismo sobre las pruebas presentadas, el alcance de la acusación o la fecha en que se celebrará la vista judicial.
Hermetismo judicial en medio del colapso económico
El caso de Gil Fernández ocurre en un contexto de profunda crisis estructural, inflación incontrolable y desabastecimiento que agobia a la ciudadanía. La gestión de la política económica ha sido un fracaso sostenido, y la destitución del exministro refleja las profundas fracturas internas dentro del ejecutivo cubano. La utilización de la figura de \»seguridad del Estado\» para enmarcar presuntos delitos económicos de altos funcionarios es una práctica recurrente del régimen para evadir el escrutinio público sobre la verdadera magnitud de la crisis y la corrupción institucionalizada en la cúpula del poder.
La familia del exfuncionario ha mantenido una postura firme, asegurando que Gil Fernández no aceptará cargos que no sean debidamente demostrados en estrados. Su hija ha recalcado que su exigencia de un juicio público no responde a intereses políticos ni a agendas externas, sino al derecho inalienable de cualquier ciudadano a exigir rendición de cuentas, tal como dicta el propio discurso oficial sobre la transparencia. Mientras el gobierno cubano mantenga el caso en la sombra, persistirán las dudas sobre la independencia del poder judicial y sobre el uso de la justicia como una herramienta de depuración política antes que de verdadera institucionalidad.
