Una investigación de la organización Archivo Cuba revela que el régimen de La Habana, bajo la figura de Raúl Castro, ha sido responsable de 1.002 muertes y desapariciones por motivos políticos desde 2006 hasta marzo de 2026. El reporte sitúa al exmandatario como el principal arquitecto de la represión estatal, sumando un total de 8.267 víctimas documentadas desde 1959.
El documento, titulado \»Cuba: el costo humano del régimen de Raúl Castro\», expone cómo la dictadura cubana ha operado durante más de siete décadas. La investigación señala que, aunque el líder histórico aparece formalmente retirado de la vida pública, su influencia persiste a través de redes de poder familiares, viejos cuadros del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la cúpula militar. El reporte lo define como el \»arquitecto y ejecutor\» de un sistema que ha privado a los ciudadanos de sus derechos fundamentales, comenzando por el de la autodeterminación.
El análisis detalla la trayectoria de Castro desde la lucha armada hasta su consolidación en el poder, destacando sus 49 años al frente del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Durante el período de sucesión, el régimen de La Habana consolidó el control de gran parte de la economía nacional a través del conglomerado empresarial militar GAESA. Esta centralización del poder económico y político facilitó el nombramiento de Miguel Díaz-Canel en 2018, asegurando la continuidad del sistema autoritario bajo el control de la cúpula histórica.
En cuanto a su período de mando directo, la dictadura cubana ejecutó o provocó 1.002 fallecimientos y desapariciones documentadas. Estas cifras incluyen 134 ejecuciones extrajudiciales, 261 muertes por negación de asistencia médica en prisión, 116 suicidios de carácter político o inducido, y 365 decesos durante intentos de salida del país. El informe acompaña estos datos con una cronología de casos que ilustran la brutalidad del aparato represivo, como el de Wilman Villar Mendoza, preso político fallecido en 2012 tras una huelga de hambre, o Juan Wilfredo Soto, muerto en 2011 tras una golpiza policial.
La represión como pilar del colapso sistémico
El reporte de Archivo Cuba no se limita a la enumeración de víctimas, sino que enmarca estas violaciones de derechos humanos dentro del fracaso estructural de la isla. La criminalización de la disidencia y el uso de la violencia estatal han sido las herramientas utilizadas por las autoridades de la isla para contener el descontento social frente a la profunda crisis económica, la hiperinflación, el desabastecimiento crónico y el masivo éxodo migratorio. La impunidad con la que han operado las fuerzas del orden ha garantizado la supervivencia del modelo, a costa del bienestar y la vida de la población.
La presentación de este informe reaviva el debate sobre la justicia transicional y la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas para los máximos responsables de la represión en Cuba. Ante la persistencia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la comunidad internacional enfrenta el reto de definir políticas más firmes hacia el ejecutivo cubano. Mientras tanto, la documentación de estos crímenes representa un paso fundamental para preservar la memoria histórica y sentar las bases para una futura democratización de la isla.
