Las protestas desatadas por la devaluación histórica del rial y una inflación desbordada se extendieron este martes por comercios, bazares y universidades de Teherán, obligando al régimen iraní a un inédito ejercicio de contención verbal mientras renueva la cúpula del Banco Central y endurece la advertencia penal contra los manifestantes.
El estallido social, calificado como el más amplio en los últimos tres años, tiene un detonante inequívocamente económico: el rial se desplomó casi a la mitad de su valor frente al dólar durante el último año, hasta alcanzar un récord histórico de aproximadamente 1,4 millones de riales por dólar en el mercado abierto este martes. La inflación, por su parte, escaló al 42,5% en diciembre, erosionando de forma sostenida el poder adquisitivo de millones de iraníes que ven cómo su capacidad de supervivencia se reduce mes a mes.
La portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, ofreció un reconocimiento inusualmente franco del origen del descontento. \»Reconocemos oficialmente las protestas, escuchamos sus voces y sabemos que esto se origina en una presión natural derivada de la presión sobre los medios de vida de la gente\», declaró ante medios estatales. El presidente Masoud Pezeshkian, por su parte, intentó reducir la tensión mediante un mensaje en redes sociales en el que aseguró haber instruido al ministro del Interior para atender las \»demandas legítimas\» de los manifestantes y habilitar un mecanismo de diálogo con los líderes del movimiento.
Renovación en el Banco Central y amenazas desde la Fiscalía
La crisis económica ya generó movimientos en el aparato estatal. El gobernador del Banco Central, Mohammad Reza Farzin, presentó su renuncia el lunes, en pleno ascenso de las protestas. El gabinete designó este miércoles a Abdolnasser Hemmati como su reemplazo, según informó la agencia oficial IRNA. Sin embargo, la respuesta institucional no fue uniforme: el fiscal general Mohammad Movahedi Azad elevó el tono represivo y advirtió que \»cualquier esfuerzo por convertir protestas por asuntos económicos en inseguridad, daños a propiedades públicas o ejecutar escenarios extranjeros\» enfrentará una \»reacción fuerte\».
En las calles, consignas que trascienden lo estrictamente económico comenzaron a emerger. Videos verificados por Reuters muestran marchas en Teherán con gritos de \»Descanse en paz Reza Shah\», en alusión al fundador de la dinastía derrocada por la revolución islámica de 1979. El descontento material se entrelaza así con una erosión más profunda de la autoridad estatal en el espacio público, visible también en el creciente desafío de jóvenes mujeres que circulan sin velo por las calles de la capital, una forma de protesta cotidiana que persiste desde el caso de Mahsa Amini.
Un patrón que trasciende fronteras
La secuencia —colapso monetario, inflación galopante, estallido social y respuesta bifronte del poder entre concesiones retóricas y amenazas penales— dibuja un esquema que resulta tristemente familiar en contextos autoritarios. La promesa de \»diálogo\» ofrecida por el régimen iraní convive con la advertencia judicial de represión, una dualidad que revela la lógica de un sistema que reconoce la insatisfacción popular pero no está dispuesto a ceder el control sobre los mecanismos de poder. La renuncia del jefe del Banco Central, en este sentido, opera más como un sacrificio táctico que como un cambio sustantivo de política económica. Lo que está en juego no es solo el tipo de cambio, sino la legitimidad de un modelo de gestión que ha conducido a su población al borde de la insostenibilidad.
