Una corte federal de México ordenó a la aerolínea Global Air indemnizar con más de siete millones de dólares a los familiares de cuatro tripulantes fallecidos en el desastre aéreo de La Habana, el más grave de la aviación civil cubana en décadas. El fallo judicial, que catalogó el siniestro como un \»accidente institucional\», desmiente la narrativa oficial de las autoridades de la isla, que durante años atribuyeron la tragedia a un supuesto error humano.
La resolución fue emitida por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil de Ciudad de México y establece pagos compensatorios para los familiares de tres sobrecargos y un técnico de mantenimiento. Cada núcleo familiar recibirá alrededor de 1,8 millones de dólares, desglosados en daños patrimoniales y morales, sumado a un interés legal anual del 9%. Aunque la empresa aún puede apelar, el dictamen sienta un precedente crucial al basarse en peritajes que demostraron deficiencias operativas y estructurales en el Boeing 737 siniestrado.
El fallo contrasta directamente con la versión difundida en 2018 por el régimen de La Habana y la propia aerolínea. Meses después del accidente, que cobró la vida de 112 personas, el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) descartó que el estado técnico de la aeronave fuera el responsable directo del desplome. En su lugar, el ejecutivo cubano y la compañía arrendataria culparon a la tripulación por supuestamente despegar con un ángulo de ascenso exagerado, una afirmación que el peritaje técnico independiente ahora desmonta al señalar fallos graves en la gestión de la empresa.
Opacidad institucional y falta de transparencia
La gestión de esta tragedia expone una vez más la crónica opacidad y la falta de rendición de cuentas que caracterizan a la dictadura cubana. Al arrendar aeronaves de compañías con historiales cuestionables y posteriormente escudarse en la figura del \»error humano\» para exonerar a la burocracia estatal, las autoridades de la isla priorizaron la protección de su imagen política sobre el esclarecimiento de la muerte de más de un centenar de personas. La actitud del IACC refleja cómo los organismos estatales en Cuba operan sin control democrático, actuando como entes blindados ante cualquier exigencia de justicia real.
El camino hacia la reparación ha sido tortuoso para los afectados, incluida Mailén Díaz Almaguer, la única sobreviviente del siniestro, quien ha tenido que recurrir a la Audiencia Nacional de España para buscar investigar a los directivos de Global Air. Las reclamaciones legales se extendieron a múltiples jurisdicciones, abarcando demandas contra aseguradoras, fabricantes y el propietario de la aerolínea, en un proceso que sigue su curso sin una solución integral a la vista.
El fallo del tribunal mexicano representa un avance significativo para algunas familias, pero deja intacta la impunidad del Estado cubano en esta tragedia. Mientras la justicia internacional puede fiscalizar a actores privados, los ciudadanos de la isla siguen dependiendo de un sistema que oculta información vital y evade su responsabilidad en el colapso de los servicios públicos y la infraestructura nacional. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben mantener la presión para que casos como este no queden en el olvido y se obligue al gobierno cubano a responder por sus omisiones y negligencias.
