El Tribunal Municipal Popular de Bayamo impuso condenas de hasta nueve años de cárcel a 15 ciudadanos que participaron en las protestas del 17 de marzo de 2024 contra los apagones prolongados y la escasez extrema en la provincia de Granma. La judicialización de la indignación social consolida la estrategia represiva del régimen de La Habana frente al creciente descontento ciudadano.
Según un comunicado emitido por el Tribunal Supremo Popular, ocho de los acusados fueron sancionados a privaciones de libertad de entre seis y nueve años, mientras que otros cinco recibieron penas de tres a cinco años. Los dos restantes deberán cumplir sanciones de trabajo correccional sin internamiento. Las autoridades de la isla imputaron a los ciudadanos delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir, figuras penales habitualmente utilizadas para criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta. Tanto la fiscalía como la defensa tienen la opción de apelar los fallos ante el Tribunal Provincial de Granma.
Violación de garantías procesales y patrón represivo
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha denunciado que los procesados permanecieron más de 15 meses bajo la figura de prisión preventiva antes de que se celebrara el juicio, lo que constituye una grave violación de sus garantías procesales y un claro abuso de poder. Para la organización, estas sentencias evidencian el patrón sistemático de la dictadura cubana de castigar con severidad a quienes se atreven a exigir mejoras en sus condiciones de vida, utilizando el sistema judicial como una herramienta de amedrentamiento y control social.
Las movilizaciones en Bayamo surgieron como una respuesta espontánea al colapso de los servicios básicos en la isla. En marzo de 2024, los residentes de la provincia de Granma soportaban cortes de electricidad de hasta 13 horas diarias, agravados por una aguda escasez de agua potable y alimentos. Hechos similares se replicaron en otras localidades del país, como Gibara, donde al menos 27 personas fueron arrestadas tras exigir el restablecimiento del servicio eléctrico y acceso al agua.
El colapso energético y la criminalización de la protesta
Un informe del Centro de Información Legal Cubalax correspondiente a ese período señaló que las manifestaciones de marzo fueron el epítome de una acumulación de descontento popular, detonado por la profunda crisis económica, la falta de medicinas y los apagones que en algunas regiones superaban las 15 horas continuas. Ante la manifiesta incapacidad del gobierno cubano para resolver la emergencia energética y alimentaria, la respuesta del Estado ha sido el endurecimiento punitivo contra la población civil.
La condena a estos 15 manifestantes envía un mensaje de disuasión en un contexto de crisis estructural insostenible. La criminalización de la pobreza y la protesta augura un escenario de mayor tensión social, donde la represión se consolida como la única política pública efectiva del ejecutivo cubano frente al fracaso evidente de su modelo de gestión.
