El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) ha denunciado una nueva escalada represiva contra el gremio artístico en la isla, elevando a 18 el número de creadores encarcelados. El informe detalla el regreso a la prisión del periodista Luis Ángel Cuza Alfonso, quien ha declarado una huelga de hambre, y expone las deplorables condiciones sanitarias que enfrentan los reclusos, incluyendo brotes de tuberculosis, en medio de una creciente militarización penitenciaria.
El régimen de La Habana ha intensificado el hostigamiento hacia activistas y familiares desde finales de julio, según consta en el reporte publicado por el ODC. Uno de los casos más alarmantes es el de Luis Ángel Cuza Alfonso, reportero y artista liberado en mayo tras cumplir una condena, pero detenido nuevamente un mes después y trasladado al Combinado del Este. La dictadura lo acusa ahora del delito de \»tenencia de armas y explosivos\» tras encontrar en sus pertenencias una bala que el acusado conservaba como amuleto religioso desde hace más de 17 años. En una misiva sacada de la prisión, Cuza Alfonso advirtió su disposición a dejar de ingerir alimentos hasta recuperar su libertad, exigiendo que su eventual muerte no quede en la impunidad.
La criminalización de la disidencia pacífica es otra constante señalada por la organización. El escritor villaclareño José Gabriel Barrenechea Chávez enfrenta una petición fiscal de nueve años de prisión por participar en una protesta pacífica contra los apagones en Encrucijada. El ODC subrayó que en esta manifestación no hubo enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Revolucionaria ni daños materiales, lo que evidencia el uso del aparato judicial para silenciar el descontento social. Esta práctica se replica en otros casos vinculados a las manifestaciones del 11J, donde un padre soltero, condenado a nueve años por el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo, ha denunciado las condiciones infrahumanas del centro penitenciario Valle Grande, logrando comunicarse con su hijo apenas dos veces desde su detención.
Condiciones penitenciarias y castigos físicos
Las autoridades de la isla mantienen un entorno de castigo sistemático para los artistas que osaron protestar. Un rapero de Guanajay, condenado a 14 años de cárcel tras una detención extremadamente violenta en la que fue golpeado por ocho policías, sufre de ansiedad, depresión y padeció un preinfarto en 2022. Por denunciar su situación ante la prensa independiente, permaneció más de cuatro meses en celda de castigo y, tras cuatro años de reclusión, no ha recibido ningún beneficio penitenciario. De igual forma, un actor, modelo y compositor de La Güinera, condenado a 17 años por intentar socorrer a Diubis Laurencio Tejeda durante las protestas de 2021, ha sido víctima de violencia en el Combinado del Este. Junto a otros reclusos, denunció la escasez de alimentos y la propagación de enfermedades como sarna, hepatitis y tuberculosis, lo que provocó represalias inmediatas por parte de los carceleros, quienes le redujeron el tiempo de llamadas y trasladaron a sus compañeros de celda.
Esta escalada represiva ocurre en un contexto de crisis estructural aguda en la isla. El colapso del sistema eléctrico, la inflación galopante y el desabastecimiento crónico han generado un malestar social sin precedentes, al que el gobierno cubano responde con la militarización de las ciudades y las prisiones. Aunque el ejecutivo cubano anunció a inicios de año la liberación de 553 presos, el ODC corroboró que el beneficio solo alcanzó a unos 300 reclusos, demostrando que las concesiones diplomáticas son meras tácticas de distracción frente a la comunidad internacional mientras se mantiene intacto el aparato de control interno.
El endurecimiento de las penas y el deterioro de las condiciones carcelarias auguran un escenario sombrío para los derechos humanos en Cuba. La persistencia de la dictadura en encarcelar creadores por delitos fabricados o por ejercer el legítimo derecho a la protesta no solo profundiza el sufrimiento de decenas de familias, sino que pone a prueba la voluntad de la comunidad internacional para exigir rendición de cuentas. Mientras tanto, la sociedad civil cubana continúa enfrentando el dilema de resistir bajo la amenaza constante de la cárcel, la enfermedad y el olvido institucional.
