El régimen de La Habana ha desplegado un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del tribunal de Marianao, en La Habana, para el inicio del juicio contra el exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. El proceso judicial, marcado por la opacidad, se celebra en una sala militar con el acceso restringido a la prensa independiente y al público general bajo el argumento de \»seguridad nacional\».
En los alrededores de la sede judicial, ubicada en la intersección de 100 y 35 en el municipio de Marianao, se ha constatado la presencia de un significativo despliegue de efectivos de la Seguridad del Estado, en su mayoría vestidos de civil. Las calles colindantes han sido clausuradas al tránsito vehicular y peatonal, mientras que comercios locales e incluso una escuela primaria frente al recinto mantuvieron sus puertas cerradas. Las autoridades de la isla han impuesto un estricto control, requiriendo identificación a cualquier ciudadano que intente permanecer en la zona, mientras la motorizada policial aguarda la inminente llegada del acusado.
El juicio contra Gil Fernández se desarrolla en una sala perteneciente a la jurisdicción militar, un hecho que subraya la sensibilidad del caso para el ejecutivo cubano. El exministro enfrenta cargos graves que incluyen espionaje, malversación, cohecho, actos en perjuicio de la actividad económica y falsificación de documentos públicos. La elección de un recinto militar y el bloqueo de accesos evidencian la intención del régimen de mantener el proceso en la más estricta reserva, permitiendo únicamente la presencia de medios oficialistas y limitando cualquier intento de escrutinio ciudadano.
Opacidad ante una crisis estructural
El procesamiento del que fuera uno de los principales arquitectos de la política económica del país ocurre en medio de la profunda crisis que atraviesa la nación. Durante su gestión al frente del Ministerio de Economía, Gil fue responsable de medidas que condujeron a una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de combustible y alimentos, y la devaluación de la moneda nacional. La caída del exfuncionario, lejos de representar un gesto de transparencia o rendición de cuentas, es percibida como una maniobra interna de la dictadura cubana para canalizar el descontento social hacia figuras aisladas, evitando que la responsabilidad recaiga directamente sobre la cúpula del poder.
La exclusión de la prensa independiente y la militarización del entorno judicial confirman la falta de garantías procesales y la censura que impera en la isla. Mientras el gobierno cubano intenta proyectar hacia el exterior una imagen de lucha contra la corrupción interna, la ciudadanía continúa enfrentando las consecuencias directas de las políticas diseñadas por el ahora acusado. El resultado de este juicio, cerrado a la sociedad, no alterará el sistema autoritario que permitió el colapso de la economía nacional y la consecuente ola de exodo migratorio que define el presente de Cuba.
