El periodista independiente Boris González Arenas fue impedido de abordar un vuelo con destino a Estados Unidos por autoridades del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, quienes le notificaron un bloqueo migratorio que le impide participar en un prestigioso programa internacional sobre tecnología y periodismo.
Al intentar realizar el chequeo de aduana en la terminal 3 del aeropuerto, el comunicador fue notificado verbalmente por un funcionario identificado como Ricardo González sobre una supuesta prohibición de salida del país. González Arenas intentó formalizar una queja escrita sobre la medida, pero el agente se negó a recibir la copia, firmarla o revelar la identidad de los superiores que ordenaron la restricción, limitándose a indicar que debía reclamar ante las autoridades que impusieron el veto, las cuales permanecen en el anonimato.
El viaje tenía como objetivo la participación del periodista en el proyecto Edward R. Murrow, enfocado en inteligencia artificial y tecnología, enmarcado en el International Visitor Leadership Program (IVLP). González Arenas calificó la invitación como un reconocimiento a su trayectoria profesional y lamentó el impacto que estas prohibiciones tienen en el desarrollo de los comunicadores independientes en la isla, recordando que en el pasado ya se le había bloqueado la asistencia a eventos en el Parlamento británico y para observar elecciones en Colombia.
El muro invisible de la represión migratoria
La dictadura cubana utiliza recurrentemente el eufemismo \»regulación\» para aplicar vetos discrecionales de salida a activistas, opositores y periodistas críticos. Esta práctica, amparada en la Ley de Migración y sus reformas, constituye una violación sistemática de los derechos humanos y la libertad de movimiento. Para González Arenas, este no es un hecho aislado: sufrió un bloqueo permanente de su derecho a salir del país entre 2019 y 2024, una constante en la política de censura y aislamiento impuesta por el régimen de La Habana contra la sociedad civil.
El periodista también destacó el desgaste personal y familiar que implica este acoso estatal, al señalar que su entorno ha acumulado más de una década de tensión acompañando su labor como defensor de derechos humanos en un país con severas limitaciones para el ejercicio de la libertad de prensa. La arbitrariedad con la que operan los mecanismos de control fronterizo evidencia la falta de transparencia y debido proceso en el sistema judicial y migratorio de la isla.
El nuevo impedimento impuesto al comunicador refleja la continuidad de la política de control social y silenciamiento que mantiene el ejecutivo cubano frente a la prensa no oficialista. Estas acciones no solo pretenden aislar a los profesionales críticos del contacto internacional, sino que evidencian ante la comunidad internacional el temor del Estado a la libre circulación de ideas, profundizando el deterioro de las garantías civiles en medio de la aguda crisis estructural que atraviesa la nación.
