El Tribunal Municipal de Matanzas ha convocado para este viernes a las 9:00 a.m. el juicio oral contra la historiadora Alina Bárbara López Hernández y la antropóloga Jenny Pantoja, en un proceso que ambas denuncian como un montaje de la Seguridad del Estado para criminalizar el pensamiento crítico.
El proceso judicial se remonta a mediados del pasado año, cuando las autoridades de la isla instruyeron de cargos a ambas académicas por delitos que consideran fabricados. Según detalló López Hernández en sus redes sociales, la acusación responde a directrices de los órganos de Contrainteligencia, utilizando a la policía para articular una causa carente de sustento real. La vista ha sido catalogada como oral y pública, aunque las acusadas dudan de que este carácter se respete durante el desarrollo del juicio.
A lo largo de estos meses, el expediente ha sufrido prolongadas dilaciones en la Fiscalía y el tribunal. La historiadora señaló que estas demoras no obedecieron a un trato preferencial, sino a la cautela del régimen de La Habana ante el costo político de enjuiciar a dos figuras con notable visibilidad académica dentro y fuera de Cuba. Sin embargo, la presión ejercida por las propias intelectuales forzó el avance del caso hasta fijar la fecha actual, ante la imposibilidad de prolongar más el estancamiento burocrático.
Frente a la maquinaria judicial, tanto López Hernández como Pantoja han mantenido una postura de firmeza, rechazando cualquier negociación que condicione su libertad a cambio de silencio. \»Ninguna de nosotras aceptará otro fallo que no sea la exoneración total\», advirtió la historiadora, subrayando que su dignidad prevalece sobre las amenazas e incluso ante la posibilidad real de ingresar a prisión. La académica denunció además que en el sistema judicial cubano no existe independencia, ya que las decisiones están supeditadas a las estructuras de la policía política.
Criminalización del pensamiento crítico
Este nuevo episodio judicial se enmarca en la constante estrategia de la dictadura cubana para amedrentar a la ciudadanía y anular cualquier espacio de disidencia. En los últimos años, Alina Bárbara y Jenny Pantoja han sido víctimas recurrentes de acoso, encarcelamientos arbitrarios y amenazas debido a su activismo. La criminalización del pensamiento crítico se ha intensificado en medio de la aguda crisis estructural que atraviesa la isla, donde el poder responde al descontento social con un endurecimiento de la represión y el cerco a figuras intelectuales que podrían articular la demanda ciudadana.
El desenlace de este juicio no solo pone a prueba la ya mermada institucionalidad del ejecutivo cubano, sino que también convoca a la sociedad civil a pronunciarse. López Hernández advirtió sobre la responsabilidad cívica de la intelectualidad cubana frente al avance de la represión, alertando sobre el peligro de la indiferencia. El costo político de este montaje judicial, aseguraron las acusadas, recaerá finalmente sobre quienes lo impulsan desde las sombras del aparato represivo.
