Un tribunal de La Habana condenó recientemente a dos individuos a penas de ocho y diez años de privación de libertad por graves delitos de abuso y corrupción de menores, una sanción que expone la desproporción del sistema judicial cubano al contrastarla con las condenas de hasta 15 años impuestas a manifestantes pacíficos del 11J y las protestas de Nuevitas. La sentencia evidencia cómo el régimen prioriza la persecución política sobre la protección de la ciudadanía más vulnerable.
Según un comunicado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo celebró el juicio oral contra Daima Rodríguez Núñez y Carlos Díaz González. La pareja fue procesada por corrupción y abuso sexual de personas menores de edad. Las pruebas demostraron que Rodríguez Núñez, madre y tutora legal de cuatro niñas de entre uno y diez años, las obligaba a mendigar en la calle para financiar su consumo de alcohol, las mantenía en total desamparo escolar y médico, y permitió que su pareja abusara sexualmente de la menor de siete años. Ante estos graves hechos, las autoridades de la isla impusieron penas de ocho años para la madre y diez para el agresor, además de suspender los derechos paternos de la acusada.
La benevolencia relativa de estas condenas por delitos atroces contrasta de manera alarmante con la severidad con la que la dictadura cubana castiga el disenso. Desde las protestas masivas del 11 de julio de 2021, el aparato judicial ha sido utilizado para criminalizar la protesta social, fabricando delitos para encarcelar a cientos de ciudadanos que salieron a las calles a exigir cambios. Un ejemplo paradigmático es la represión posterior a las manifestaciones de Nuevitas en agosto de 2022, originadas por los apagones de hasta 18 horas diarias. En aquel entonces, la respuesta del Estado fue la encarcelación de los participantes, con penas que oscilan entre los ocho y los 15 años de prisión.
Represión y criminalización del activismo
Entre los casos más emblemáticos de esta persecución destaca el de Mayelín Rodríguez Prado, quien fue condenada a 15 años de prisión por delitos de \»sedición\» y \»propaganda enemiga\». Su \»delito\» consistió en transmitir en vivo las protestas de Nuevitas y documentar cómo fuerzas del orden propinaban una golpiza a dos niñas de once años. A Rodríguez Prado le acompañan en la causa otros manifestantes como José Armando Torrente Muñoz, con 14 años de prisión, y Yennis Artola Del Sol, condenada a ocho años únicamente por fotografiar un cartel con la frase \»Patria y Vida\».
Esta disonancia en la aplicación de la ley revela la naturaleza de un sistema judicial subordinado a las directrices del poder. Mientras el colapso estructural de la isla empuja a la ciudadanía a la pobreza extrema, la desesperación social y el éxodo migratorio, el régimen de La Habana destina sus recursos judiciales y penitenciarios a silenciar cualquier forma de exigencia de derechos. La impunidad blanda ante el abuso infantil frente al rigor extremo contra la disidencia política envía un mensaje claro a la sociedad civil: el mayor delito en la Cuba actual no es vulnerar la integridad de un menor, sino desafiar el poder establecido, una realidad que continúa generando el repudio de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos.
