Apenas doce días después de la toma de poder, el 12 de enero de 1959, más de 70 personas fueron ejecutadas sumariamente en la Loma de San Juan, en Santiago de Cuba. El uso de maquinaria pesada para cavar una fosa común antes de la emisión de los veredictos evidencia la premeditación de una matanza que marcó el inicio de la violencia de Estado en la isla.
La orquestación de esta masacre revela la naturaleza arbitraria del proceso judicial implementado por el régimen de La Habana en sus primeros días de gestión. La presencia de un buldócer cavando una zanja profunda en campo abierto, horas antes de que los llamados \»tribunales revolucionarios\» emitieran sus sentencias, constituye una prueba de la ilegitimidad de los juicios. La fosa funcionó simultáneamente como paredón y lugar de enterramiento, consolidando este suceso como el primer crimen de lesa humanidad perpetrado por el castrismo.
La responsabilidad de Raúl Castro y la violación constitucional
La autoría intelectual de esta purga se imputa a Raúl Castro, quien en ese momento se desempeñaba como jefe militar de la antigua provincia de Oriente. Según registros históricos, Castro ordenó a principios de enero el funcionamiento de consejos de guerra sumarísimos para acusados de crímenes durante el gobierno de Fulgencio Batista. Entre las víctimas figuró Bonifacio Haza Grasso, jefe de policía de Santiago de Cuba, quien fue el último fusilado aquel 12 de enero, esperando una clemencia que nunca llegó.
Si bien es cierto que militares y colaboradores de la dictadura de Batista cometieron graves violaciones a los derechos humanos, la respuesta de las nuevas autoridades de la isla contravenía el ordenamiento jurídico. Las ejecuciones violaron explícitamente el artículo 25 de la Constitución de 1940, que prohibía la pena de muerte. Además, muchos de los procesados ya habían sido beneficiados por amnistías previas, al igual que los revolucionarios tras el asalto al Cuartel Moncada, lo que demuestra una aplicación selectiva y vengativa de la ley.
El inicio de una maquinaria represiva
Este episodio no fue un hecho aislado, sino el punto de partida de una política de exterminio sistemático. Lo que comenzó bajo el pretexto de castigar a los \»esbirros\» del régimen anterior, rápidamente se transformó en una herramienta para silenciar a la disidencia interna. Opositores al comunismo y antiguos aliados fueron posteriormente perseguidos y ejecutados bajo el calificativo de \»bandidos\». Esta masacre sentó el precedente de la impunidad con la que la dictadura cubana ha operado durante más de seis décadas, triturando las instituciones y los derechos fundamentales de la nación.
Investigaciones recientes, como las recopiladas por el historiador Pedro Corco del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, continúan reconstruyendo la lista exacta de las víctimas de San Juan. Aunque el tiempo impide sancionar a los verdugos materiales, el registro histórico exige que la memoria de estos ejecutados sea restituida. La sanación de la sociedad cubana y cualquier proceso de transición democrática futura dependerán de la revisión jurídica de estos crímenes, recordando que, donde no reside la justicia, no cabe el perdón.
