El prisionero político Yosvani Rosell García Caso, condenado por participar en las protestas del 11 de julio, permanece en estado crítico con fallo renal tras 37 días en huelga de hambre en un hospital de Holguín, mientras la dictadura cubana mantiene el acoso contra sus familiares y rechaza las demandas internacionales para su liberación.
Ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, el joven de 37 años se encuentra en terapia intermedia sin pronóstico médico favorable. Según el parte médico al que tuvo acceso su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, el recluso presenta palidez extrema, ojeras, náuseas y un severo deterioro de su hipertensión crónica y padecimientos cardíacos. \»Cada informe médico es más doloroso\», declaró Rodríguez, quien teme que su esposo pueda fallecer en cualquier momento debido a la ingesta mínima de agua y el agotamiento físico extremo.
García Caso inició esta protesta tras más de cuatro años de encarcelamiento en la prisión de El Yayal, donde cumple una condena de 15 años por exigir libertades públicas durante las manifestaciones de 2021. Su esposa denunció que el régimen de La Habana ha desplegado oficiales de la Seguridad del Estado y del sistema penitenciario dentro del hospital para impedir el acceso de amigos y familiares. Rodríguez aseguró que los agentes amenazan a su entorno, la acusan de \»contrarrevolucionaria\» y mantienen su teléfono intervenido, en un claro patrón de represión y intimidación contra los familiares de los presos políticos.
Represión sistemática y silencio institucional
El caso de García Caso refleja la política de crueldad y endurecimiento penal que las autoridades de la isla aplican contra los cientos de cubanos detenidos por el 11J. A pesar del evidente deterioro físico del recluso, el ejecutivo cubano ha ignorado las peticiones para garantizarle atención médica adecuada y condiciones dignas de reclusión. La determinación del preso político de \»perder la vida o conseguir su libertad\» evidencia la desesperación de un sector de la población encarcelado que enfrenta abusos prolongados sin acceso a recursos legales efectivos ni a la justicia independiente.
Ante la gravedad de la situación, el Centro de Denuncias Defensa solicitó una medida cautelar urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtiendo de un \»riesgo real e inminente\» para su vida. La comunidad internacional ha intensificado su presión; la Embajada de Estados Unidos en Cuba y el congresista Mario Díaz-Balart han exigido su liberación inmediata, calificando su condena de injusta y sus condiciones de inhumanas. La persistencia de la dictadura en mantener este encarcelamiento no solo compromete la vida del joven, sino que profundiza el aislamiento diplomático del país y reaviva el repudio internacional hacia las constantes violaciones de derechos humanos en la isla.
