Los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio han dejado hasta ahora 589 muertos y 2.980 heridos, según el balance oficial difundido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en lo que constituye el evento sísmico más intenso registrado en el país desde 1900 y cuya onda expansiva fue percibida en territorio cubano sin que las autoridades de La Habana hayan informado oficialmente sobre posibles afectaciones.
Las cifras difundidas este viernes triplican las reportadas apenas 24 horas antes, cuando el conteo oficial hablaba de 164 fallecidos y 971 lesionados. El brusco incremento refleja la magnitud real de la catástrofe en los estados costeros venezolanos, especialmente en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron o sufrieron daños estructurales severos en localidades como Catia la Mar y el sector Los Corales. El Ejecutivo venezolano declaró esa zona como \»zona de desastre natural\» y decretó el estado de emergencia nacional.
El epicentro fue localizado en el municipio de Yumare, estado Yaracuy, a una profundidad de entre 10 y 13 kilómetros. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una Alerta Roja, el nivel máximo de su sistema de evaluación, y se han registrado más de 200 réplicas desde el evento principal. Al menos 346 edificios, hospitales y centros comerciales colapsaron o presentan daños estructurales de consideración, según el balance oficial. El gobierno venezolano anunció un fondo inicial de 200 millones de dólares para financiar la reconstrucción, una cifra que expertos consideran insuficiente ante la escala de la devastación.
Saqueos y descontrol en zonas afectadas
Paralelamente a las operaciones de rescate, se reportaron saqueos en comercios afectados por los derrumbes en distintos sectores de La Guaira y Catia la Mar, evidenciando el colapso del orden público en las zonas más golpeadas por el sismo. La presidenta encargada se trasladó hasta Macuto para supervisar los trabajos de rescate, mientras los primeros equipos internacionales, procedentes de República Dominicana, se preparaban para incorporarse a las labores de búsqueda. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio anunció el envío de especialistas estadounidenses, y el Comando Sur confirmó el despliegue de efectivos para colaborar en la asistencia humanitaria.
El silencio del régimen cubano ante una crisis regional
La catástrofe venezolana adquiere una dimensión particular para Cuba, país que mantiene con Caracas una dependencia energética y política histórica. El régimen de La Habana, que durante décadas ha beneficiado del suministro de petróleo venezolano a precios preferenciales, no ha emitido hasta el momento un informe detallado sobre las afectaciones que los sismos pudieron causar en las provincias orientales de la isla, donde el movimiento telúrico fue perceptible. Tampoco ha informado sobre el estado de la infraestructura civil cubana, históricamente vulnerable ante eventos sísmicos debido al deterioro estructural de las edificaciones tras décadas de abandono gubernamental.
La ausencia de información oficial contrasta con la gravedad del contexto regional y refleja una práctica recurrente del gobierno cubano: la opacidad ante cualquier evento que pueda evidenciar la fragilidad de la infraestructura nacional. Mientras la comunidad internacional moviliza recursos hacia Venezuela, los ciudadanos cubanos permanecen sin instrucciones claras sobre protocolos de seguridad sísmica, en un país donde el colapso de edificaciones por falta de mantenimiento ha cobrado vidas incluso sin mediar eventos naturales extremos. La crisis venezolana, además, amenaza con agravar el ya crónico desabastecimiento energético en la isla, en un momento en que el exodo migratorio y la precariedad económica marcan el panorama nacional. La respuesta del ejecutivo cubano ante esta emergencia regional será un termómetro de su capacidad —o su voluntad— para proteger a su población ante escenarios de crisis que se intensifican.
