Tres siniestros de gran magnitud registrados en menos de 48 horas en distintas provincias de Cuba han dejado múltiples viviendas destruidas y familias en la indigencia. Los hechos, ocurridos en Granma, Camagüey y Santiago de Cuba, exponen una vez más la vulnerabilidad de la población frente a la precariedad estructural, la inseguridad eléctrica y el deterioro de los servicios básicos que atraviesa la isla.
El primer incendio se reportó el sábado en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma, donde una vivienda en el reparto Santa Elena fue consumida por las llamas. En el inmueble residían un matrimonio, una joven y dos niños, quienes perdieron la totalidad de sus pertenencias, sin que se reportaran víctimas mortales. Ese mismo día, en el municipio de Vertientes, Camagüey, una segunda vivienda quedó totalmente devastada tras la explosión de una motocicleta eléctrica conectada a un equipo electrónico, un hecho que desencadenó una segunda explosión al alcanzar un motor cercano.
El tercer caso ocurrió en la madrugada en un edificio del distrito José Martí, en Santiago de Cuba. El fuego se originó en un apartamento donde se acumulaban escombros y desechos recogidos de basureros, una situación que los vecinos habían denunciado previamente por el riesgo sanitario y de incendio que representaba. La magnitud del siniestro obligó a desplegar varios comandos de bomberos y patrullas policiales, extendiéndose las labores de extinción durante dos días debido a la presencia de neumáticos y materiales inflamables. La residente y su madre fueron evacuadas a un centro asistencial.
Una crisis que trasciende la emergencia
Estos incidentes no son hechos aislados, sino el resultado directo de la crisis sistémica que sufre el país. El régimen de La Habana ha mantenido durante décadas un abandono de la infraestructura eléctrica nacional, obligando a los ciudadanos a recurrir a soluciones improvisadas —como el uso masivo de motocicletas eléctricas y conexiones informales— para sobrevivir a los constantes apagones. La falta de mantenimiento de las redes y la ausencia de controles efectivos por parte de las autoridades de la isla convierten la cotidianidad en un peligro inminente para la vida y la propiedad.
La repetición de estas tragedias en tan breve plazo augura un escenario crítico para la ciudadanía, que se ve obligada a enfrentar la pérdida de sus hogares sin recibir respuestas reales por parte del gobierno cubano. Mientras la dictadura cubana y su burocracia estatal dilatan la atención a las quejas comunitarias, las familias damnificadas quedan a la deriva, dependiendo únicamente de la solidaridad de vecinos y allegados para intentar reconstruir sus vidas en medio de la incertidumbre, la inflación y el desabastecimiento generalizado.
