Instituciones meteorológicas internacionales y el Instituto de Meteorología de Cuba coinciden en proyectar una temporada de huracanes en el Atlántico inferior a la media histórica, impulsada por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, la probabilidad de impacto en la isla se mantiene en un 40 %, una amenaza que pone de relieve la incapacidad del gobierno cubano para proteger a la población frente a la precariedad de la infraestructura nacional.
El equipo de especialistas en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) ha revisado a la baja sus pronósticos, estimando la formación de 11 tormentas con nombre, cinco huracanes y dos de gran intensidad. Esta reducción respecto a proyecciones anteriores se atribuye al desarrollo acelerado del fenómeno El Niño en el océano Pacífico, un patrón climático que incrementa la cizalladura del viento e inhibe la formación de ciclones en el Atlántico. De confirmarse, la actividad de este año se situaría por debajo del promedio histórico de las últimas tres décadas, con una Energía Ciclónica Acumulada que podría ubicarse un 40 % por debajo de los registros habituales.
Las autoridades de la isla, a través del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), han emitido proyecciones similares, anticipando una temporada relativamente tranquila con cifras idénticas a las de la CSU. No obstante, los meteorólogos cubanos advierten que un menor número de sistemas no elimina la amenaza para el territorio nacional. Según sus cálculos, existe un 40 % de probabilidad de que al menos un huracán afecte a Cuba, una cifra ligeramente superior al promedio histórico para el país, lo que obliga a mantener la vigilancia ante cualquier cambio en las condiciones atmosféricas.
El riesgo latente ante el colapso de la infraestructura
La eventualidad de un impacto ciclónico ocurre en un momento de profunda crisis estructural en la isla. El desabastecimiento crónico, el colapso del sistema eléctrico y la grave deficiencia en la reparación de viviendas y redes hidráulicas dejan a la población en una situación de máxima vulnerabilidad. Ante un desastre natural, la respuesta del régimen de La Habana suele limitarse a llamados a la disciplina colectiva, sin aportar los recursos materiales necesarios para la recuperación, lo que agrava las penurias de los ciudadanos que ya enfrentan inflación galopante y un éxodo migratorio sin precedentes.
Para la ciudadanía, una temporada menos activa no representa una garantía de seguridad, sino un respiro temporal ante la inminente ineficiencia burocrática del ejecutivo cubano para gestionar una contingencia meteorológica de gran escala. La falta de recursos materiales y la ausencia de planes de contingencia efectivos sugieren que, incluso con el paso de un solo huracán de categoría mayor, las consecuencias para la ya maltrecha economía doméstica y la seguridad de las familias podrían ser devastadoras, exigiendo una atención y reconstrucción que el Estado no está en condiciones de proveer.
