Decenas de familias en el municipio holguinero de Moa habitan un edificio multifamiliar de 40 apartamentos que presenta un severo deterioro estructural y ha sido declarado en peligro de derrumbe. Los residentes, en su mayoría trabajadores de la fábrica de níquel, alertan sobre la inminente posibilidad de que la obra ceda en cualquier momento debido a la falta de mantenimiento y a las fallas geológicas de su construcción original.
El inmueble, ubicado en la calle J de Punta Gorda, fue levantado en la década de 1980 como un proyecto estatal que quedó inconcluso. Posteriormente, fue ocupado por familias que tuvieron que habilitar los espacios por sus propios medios. Según testimonios de los residentes, la estructura carece de matajuntas antisísmicas y sufre continuos estremecimientos debido a las explosiones en las minas de níquel cercanas y a los sismos frecuentes en la región oriental, lo que ha provocado una peligrosa inclinación del edificio.
Las condiciones de habitabilidad son críticas. Los moradores relatan que las escaleras improvisadas se encuentran tan deterioradas que han causado caídas y lesiones a niños, personas mayores y hasta a trabajadores de la Empresa Eléctrica. A esto se suman graves problemas sanitarios, con filtraciones de aguas albañales que inundan baños y dormitorios, además de la carencia de servicios básicos de comunicación, agravada por los constantes apagones que mantienen a la comunidad incomunicada.
Política de exclusión y abandono institucional
La respuesta de las autoridades locales ha sido la marginación administrativa. Los habitantes aseguran que el gobierno cubano los clasifica como \»ilegales\», una designación que les ha impedido acceder a módulos de ayuda incluso tras el paso de desastres naturales como el huracán Ike. Esta política de exclusión refleja la indolencia de la dictadura cubana frente a las necesidades más básicas de la ciudadanía, obligando a las familias a permanecer en un lugar casi inhabitable ante la falta de alternativas habitacionales en la isla.
El caso del Edificio No. 3 en Moa es un reflejo del colapso estructural de la vivienda en Cuba, donde la falta de inversión, la burocracia y la ineficiencia estatal han puesto en riesgo la vida de miles de personas. Los residentes exigen una solución definitiva y una vivienda digna, advirtiendo que las autoridades no deben actuar como héroes después de que ocurra una tragedia fatal. Mientras tanto, la crisis habitacional se profundiza bajo el régimen de La Habana, que continúa eludiendo su responsabilidad sobre la seguridad y el bienestar de la población.
