La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos ha cuestionado de manera directa la inacción del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) frente a la profunda crisis que atraviesa la isla. Mientras Cuba sufre apagones prolongados, escasez crónica de productos y un deterioro acelerado de su infraestructura, el conglomerado militar presuntamente atesora una reserva de 18.000 millones de dólares. Washington atribuye este escenario a la incompetencia del régimen de La Habana y al control absoluto que ejercen las Fuerzas Armadas sobre la economía nacional.
El cuestionamiento de Washington se produjo en un momento crítico para la estabilidad del país. Recientemente, la Unión Eléctrica (UNE) anunció el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras una serie de desconexiones masivas que dejaron a la mayor parte del territorio nacional a oscuras. Sin embargo, la normalización de la red no ha implicado el cese de los cortes de electricidad. La propia UNE reconoció que el servicio permaneció afectado durante las 24 horas anteriores, con una máxima carga desconectada que alcanzó los 2.411 megavatios (MW) en horario nocturno, evidenciando una brecha insalvable entre la generación disponible y la demanda real de la población.
En el centro de la polémica se encuentra un reciente reportaje del diario Miami Herald, que tuvo acceso a más de 20 estados financieros del sistema contable interno de GAESA, correspondientes a marzo y agosto de 2024. Según la investigación, el conglomerado poseía en ese momento 18.000 millones de dólares en activos corrientes. La interpretación del medio señala que aproximadamente 14.500 millones de esos dólares estaban depositados en cuentas bancarias o instituciones financieras vinculadas al propio grupo empresarial, una cifra escandalosa si se contrasta con la miseria que padecen los ciudadanos comunes.
Debate sobre la liquidez del conglomerado militar
El economista cubano Pavel Vidal, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, ha respaldado la hipótesis de que GAESA acumula grandes reservas en divisas. En un análisis publicado por el proyecto Horizonte Cubano de la Universidad de Columbia, Vidal sostuvo que los balances filtrados muestran reservas líquidas que podrían alcanzar los 14.500 millones de dólares. No obstante, el académico precisó que una parte sustancial de ese monto corresponde al capital de trabajo y a la liquidez necesaria para las operaciones diarias del conglomerado, por lo que no se trataría de fondos excedentes completamente disponibles para el gasto público o el alivio de la crisis social.
Esta interpretación, sin embargo, ha sido objeto de un intenso escrutinio. La economista Emily Morris, investigadora honoraria del Instituto de las Américas del University College London, advirtió que la única captura original publicada indicaba como unidad de medida el peso cubano. Según su lectura, los 17.900 millones consignados en la columna de activos en divisas serían el valor convertido a la moneda nacional al tipo de cambio oficial de 24 por dólar. Bajo esta premisa, la cifra real equivaldría a unos 746 millones de dólares, muy lejos de los 18.000 millones iniciales. Morris también subrayó que, al no haberse publicado los estados financieros completos, resulta imposible comprobar de manera independiente la autenticidad de los documentos o zanjar la controversia contable.
El gobierno cubano ha aprovechado rápidamente esta discrepancia técnica para desestimar las acusaciones. La Embajada de Cuba en el Reino Unido aseguró que la riqueza de GAESA había sido multiplicada por 24 en los informes internacionales, afirmando que \»la contabilidad básica desmonta esta bomba informativa\». La representación diplomática acusó a Washington de manipular los datos para justificar el endurecimiento de las sanciones económicas contra la isla, una táctica recurrente del régimen para evadir su responsabilidad en la gestión de los recursos nacionales.
En junio pasado, las autoridades de la isla defendieron formalmente al conglomerado. El ejecutivo cubano aseguró que GAESA no es una estructura opaca ni paralela al Estado, y atribuyó al grupo inversiones en la construcción de viviendas, la termoeléctrica de Felton, obras hidráulicas, policlínicos y escuelas. Sin embargo, la falta de transparencia y auditorías independientes impide verificar el impacto real de estas supuestas inversiones, que contrastan dramáticamente con el estado de abandono de las infraestructuras públicas y el colapso del sistema de salud.
El monopolio de GAESA y el cerco de Washington
GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), opera como un Estado paralelo en términos económicos. El conglomerado agrupa empresas estratégicas vinculadas con el turismo, la banca, las remesas, el comercio minorista, las estaciones de combustible, la construcción y las operaciones del puerto y la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. No existe información pública completa sobre sus finanzas, pero estimaciones de organismos externos sitúan su influencia entre el 40% y el 70% de la economía cubana, consolidando un monopolio que asfixia cualquier intento de emprendimiento privado independiente.
Ante este control militar de la riqueza, el gobierno de Estados Unidos ha endurecido su política. En mayo, Washington bloqueó formalmente a GAESA bajo la Orden Ejecutiva 14404 y sancionó a su presidenta ejecutiva, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera. Desde junio, las empresas y entidades financieras extranjeras también se exponen a sanciones severas si operan con GAESA o con sociedades en las que el conglomerado posea, directa o indirectamente, al menos la mitad del capital. Esta medida busca cortar el flujo de divisas que alimenta a la cúpula militar mientras la población se hunde en la pobreza.
Contexto: El colapso sistémico y la represión social
El debate sobre las reservas de GAESA no puede desvincularse de la crisis estructural que sufre Cuba. La incapacidad del régimen de La Habana para mantener el Sistema Electroenergético Nacional es la consecuencia directa de décadas de falta de mantenimiento, corrupción interna y un modelo centralizado que prioriza el control político sobre la eficiencia técnica. Los apagones prolongados han destruido la ya frágil cadena de frío, agravando el desabastecimiento de alimentos y provocando el colapso del suministro de agua potable, lo que afecta directamente la salud y la dignidad de la población.
A la crisis energética se suman una inflación galopante que ha licuado los salarios, una depreciación acelerada del peso cubano en los mercados informales y un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado al país de su fuerza laboral y juvenil. Ante este panorama, la respuesta de la dictadura cubana no ha sido la apertura económica ni la democratización, sino el aumento de la represión. La censura a medios independientes, la persecución política a opositores y la criminalización de las protestas sociales evidencian un Estado dispuesto a usar la violencia para mantener un status quo que beneficia exclusivamente a la élite castrense.
La acumulación de activos por parte de GAESA, ya sea en la magnitud de 18.000 millones o de 746 millones de dólares, expone la naturaleza del modelo cubano: un sistema donde los recursos se militarizan y se privatizan en beneficio de una cúpula, mientras el Estado desatiende sus obligaciones sociales básicas. La interrogante planteada por Washington resuena en las calles de la isla, donde los ciudadanos cuestionan diariamente por qué deben sufrir penurias extremas mientras las corporaciones dirigidas por uniformados operan sin rendición de cuentas.
Implicaciones a futuro y aislamiento del régimen
La presión internacional y las sanciones directas a GAESA podrían tener repercusiones profundas en la viabilidad del conglomerado a corto y mediano plazo. Al criminalizar las relaciones comerciales con el grupo militar, el gobierno estadounidense obliga a inversores y entidades financieras globales a reconsiderar sus vínculos con Cuba, aislando aún más a la cúpula económica del régimen. Esto podría acelerar la fractura interna dentro de las élites de poder, quienes verán mermadas sus capacidades de maniobra en el mercado internacional.
Para la ciudadanía, el panorama sigue siendo desafiante. Mientras el gobierno cubano se niegue a redistribuir la riqueza concentrada en manos militares y persista en su negación de las libertades democráticas, la crisis continuará profundizándose. La comunidad internacional mantiene su atención sobre la isla, no solo por el impacto geopolítico de la diáspora y la inestabilidad regional, sino también por la exigencia creciente de que se respeten los derechos humanos. La pregunta sobre los fondos de GAESA es, en esencia, un llamado a la rendición de cuentas que la dictadura cubana ha eludido durante más de seis décadas.
