Las autoridades de la isla han prohibido a la Iglesia Cubana Apostólica, en el barrio tunero de Buena Vista, entregar desayunos a los adultos mayores de una institución estatal cercana al templo. La medida obliga a los ancianos, algunos nonagenarios y con severas discapacidades físicas, a desplazarse por sus propios medios hasta la congregación para conseguir alimentos, evidenciando el colapso del sistema de asistencia social y el control ejercido por el gobierno cubano sobre las iniciativas de ayuda comunitaria.
La prohibición fue denunciada a través de redes sociales por el periodista cubano Yoe Suárez, quien recopiló el testimonio del pastor Jorge “Mayim” Travieso, líder de la congregación en esa localidad. La iglesia había diseñado un proyecto para proporcionar alimentación a los cerca de 40 adultos mayores residentes en una \»casa de los abuelos\» ubicada a unas cinco o seis cuadras del templo. Sin embargo, tras una primera jornada de asistencia exitosa, el administrador del establecimiento estatal comunicó a los religiosos que tenían vedado el regreso, truncando de facto la ayuda humanitaria.
La precariedad en la institución estatal es alarmante y expone la cruda realidad del sistema de atención al adulto mayor en el país. Según relató el pastor Travieso, citando al propio director del centro, el desayuno habitual para los 40 ancianos consistía en una ración exigua de té de anís, escasa azúcar y un trozo de pan minúsculo. A esto se suma la información de que una micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) suministraba apenas seis panes pequeños para ser repartidos entre toda la matrícula de adultos mayores, un indicador elocuente del desabastecimiento institucional y la malnutrición generalizada.
Ante esta realidad, la iglesia preparó un menú que contrastaba radicalmente con la dieta oficial: pan relleno con picadillo y queso, leche con chocolate, café y dulce de harina. Pocos días después de la entrega, la dictadura cubana, a través de sus funcionarios locales, ordenó paralizar la iniciativa. \»Se lo prohibieron. Prohibido que la iglesia le dé desayuno a los ancianos\», afirmó Travieso, evidenciando cómo el aparato burocrático prioriza el control político por encima del bienestar y la supervivencia de la población más vulnerable.
Ancianos en situación de abandono buscan refugio en el templo
Frente a la negativa de permitir el ingreso de alimentos a la instalación estatal, los propios ancianos decidieron trasladarse hasta la iglesia para recibir su desayuno. En la primera jornada de asistencia en el templo, acudieron 16 personas, algunas mayores de 90 años, incluyendo individuos ciegos, usuarios de sillas de ruedas y personas que requerían bastones para caminar. Posteriormente, la cifra ascendió a 27 asistentes, a quienes la congregación ofreció hamburguesas con queso, bebidas a base de maicena, café y dulces, alimento que de otro modo sería inalcanzable para ellos.
\»Miren a los ancianos: ahí están, en la iglesia. No les llevamos el desayuno. No sé si pidieron permiso o se escaparon, pero ahí están\», señaló Travieso, describiendo la desesperación de los adultos mayores. El pastor también denunció que, debido a las precarias condiciones alimentarias, el número de personas vinculadas a la \»casa de los abuelos\» ha disminuido significativamente. Varios ancianos han solicitado la baja del programa estatal al constatar que la ingesta calórica proporcionada por el gobierno es insuficiente para su subsistencia.
Este no es un caso aislado de hostigamiento a la labor caritativa en la zona. Travieso señaló que esta es la segunda ocasión en que las autoridades frenan una iniciativa asistencial de su congregación. Anteriormente, la iglesia había propuesto un plan de apoyo para mujeres embarazadas, pero la propuesta fue rechazada de plano por las instancias gubernamentales. El religioso cuestionó duramente que se impida la colaboración de organizaciones civiles en medio de la aguda escasez de alimentos, calificando de inexplicable que se deje de ayudar a personas vulnerables por \»decisiones absurdas y burocráticas\».
El contexto de la crisis estructural y el control de la sociedad civil
La prohibición en Las Tunas no es un simple error administrativo, sino una muestra más de la política sistemática del régimen de La Habana de monopolizar la asistencia social y neutralizar cualquier iniciativa ciudadana que escape a su esfera de influencia. En el contexto de la peor crisis económica que ha atravesado Cuba en décadas, caracterizada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos básicos y el colapso del sector agroindustrial, el Estado ha demostrado su absoluta incapacidad para garantizar la seguridad alimentaria de la población.
La inflación ha devorado las pensiones de los jubilados, que rara vez superan los 1.500 pesos mensuales, una cantidad insuficiente para adquirir alimentos en los mercados agropecuarios o en la red de tiendas en moneda libremente convertible (MLC). Las \»casas de los abuelos\», concebidas en su momento como instituciones de apoyo al adulto mayor, hoy operan con presupuestos menguantes y personal insuficiente, dependiendo muchas veces de la solidaridad familiar que, ante el masivo éxodo migratorio, ha quedado truncada para miles de ancianos que viven solos en la isla.
Históricamente, la dictadura cubana ha mantenido una relación de subordinación forzada con las instituciones religiosas. Desde las confiscaciones y expulsiones de los años 60 hasta la vigilancia constante a pastores y laicos a través de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, el ejecutivo cubano percibe a las iglesias con recelo, especialmente cuando estas asumen roles de provisión social que el Estado ha abandonado. El caso de la Iglesia Cubana Apostólica en Las Tunas se suma a una larga lista de intimidaciones y cierres de comedores comunitarios dirigidos por parroquias en toda la isla.
El bloqueo a la ayuda alimentaria para los ancianos tuneros refleja la prioridad del gobierno cubano: el control ideológico y político por encima de la vida humana. Mientras la comunidad internacional observa la deriva del país y la diáspora envía remesas para paliar el hambre de sus familiares, las autoridades de la isla persisten en asfixiar a la sociedad civil. Las consecuencias de estas políticas autoritarias se traducen en un sufrimiento silencioso para los sectores más vulnerables, condenados a la indigencia institucional en un país donde pedir permiso para alimentar a un anciano se ha convertido en un trámite que puede ser denegado por el poder absoluto.
