Un grupo de más de 80 figuras de la sociedad civil, artistas, periodistas y profesionales cubanos dentro y fuera del país han enviado una carta al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando su apoyo para impulsar un \»pacto social\» que facilite una transición democrática en Cuba. La propuesta, que ya fue presentada ante miembros del Congreso estadounidense, plantea medidas como la amnistía de presos políticos, la proscripción del Partido Comunista y la creación de una asamblea constituyente digital.
La misiva describe la profunda crisis que atraviesa la nación tras más de seis décadas bajo un sistema totalitario que ha subordinado los derechos ciudadanos al poder de un solo partido. Los firmantes aseguran que las manifestaciones del 11 de julio de 2021 demostraron el rechazo de la población a la falta de libertades, frente a lo cual la dictadura cubana respondió con una ola de represión, encarcelamientos y miedo. Ante esta realidad, los promotores del plan presentan el \»pacto social\» como una alternativa constituyente que opera por fuera de las estructuras centralizadas del Estado y rechaza cualquier arreglo negociado con el régimen de La Habana.
El documento detalla una hoja de ruta estratégica a 12 meses que contempla la creación de una asamblea constituyente ciudadana digital, diseñada para permitir la participación de los cubanos sin la interferencia del aparato estatal. Asimismo, la iniciativa exige la auditoría de conglomerados militares como GAESA y la revisión de los contratos suscritos con potencias extranjeras, incluyendo a Rusia y China. Los intelectuales subrayan que la sociedad civil no puede permanecer en silencio ante la quiebra moral del país y solicitan el liderazgo de Washington en un momento en que las instituciones internacionales guardan silencio sobre el sufrimiento del pueblo cubano.
Una propuesta de integración regional y gobierno provisional
El manifiesto que acompaña la carta propone explorar la integración de Cuba en el sistema constitucional de las Américas, argumentando que esto no implicaría la pérdida de la identidad nacional, sino la adopción de una constitución inspirada en la tradición republicana. En una primera fase de transición, el plan sugiere que el pacto social funcione como una constitución provisional que priorice el Estado de derecho, libere a los presos políticos y convoque una consulta monitoreada por el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar una intervención humanitaria.
Como paso siguiente, las autoridades de la isla serían reemplazadas por un gobierno provisional de carácter técnico y funcional, con el compromiso de restaurar inmediatamente las libertades de expresión y prensa. Esta iniciativa emerge en un contexto de agudización del éxodo migratorio, inflación galopante y colapso de los servicios básicos, fracasos que son consecuencia directa de la ineficiencia y el control absoluto del ejecutivo cubano. La propuesta busca posicionar la crisis de derechos humanos en la isla como un tema central en la política exterior de Estados Unidos hacia 2026, presionando para que la comunidad internacional abandone la pasividad y apoye un cambio de sistema que garantice la soberanía real del ciudadano frente al Estado.
