Un periodista independiente en La Habana documentó que la distribución de la donación marítima mexicana se limitó a un paquete de galletas y un par de latas de atún por niño, evidenciando la falta de transparencia en la gestión de los recursos por parte de las autoridades cubanas.
En el barrio Calleja, municipio capitalino de Arroyo Naranjo, la entrega correspondiente al primer cargamento humanitario procedente de México ha generado consternación entre la población. El reportero Vladimir Turró Páez denunció que la ración asignada a menores de 13 años consistió únicamente en un paquete de galletas María y dos latas de atún o, en su defecto, una lata de vegetales. Para acceder a estos magros beneficios, los padres debieron presentar los datos personales de sus hijos, según relató el comunicador, quien precisó que trabajadores de la bodega le confirmaron el origen del envío.
La escasez percibida por los ciudadanos contrasta de manera alarmante con el volumen de la ayuda internacional gestionada por el gobierno mexicano. A inicios de febrero, dos buques de la Armada de México transportaron más de 800 toneladas de alimentos básicos, incluyendo leche, carne, frijol, arroz y artículos de higiene. Posteriormente, a finales del mismo mes, arribaron al puerto de La Habana embarcaciones adicionales con cerca de 1.193 toneladas de productos de primera necesidad. Sin embargo, la percepción en las comunidades es que una fracción ínfima ha llegado a las manos de quienes más lo necesitan.
Opacidad en la distribución y crisis estructural
La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, había asegurado que los donativos serían canalizados a través del sistema de bodegas estatales, priorizando a los grupos vulnerables y a la mayor cantidad de población posible. No obstante, el ejecutivo cubano no ha ofrecido un desglose público ni ha implementado mecanismos de auditoría que permitan verificar el destino real de las casi 2.000 toneladas de ayuda. Esta falta de transparencia es una constante del régimen de La Habana, que administra los recursos internacionales sin control democrático, en medio de una aguda crisis económica marcada por la hiperinflación, el desabastecimiento crónico y la incapacidad estatal para garantizar la seguridad alimentaria.
La reducción de la asistencia internacional a un par de latas de atún por familia no solo profundiza el descontento social en la isla, sino que pone sobre la mesa la responsabilidad de la dictadura cubana en el desvío y la ineficiencia de la distribución. Mientras la ciudadanía enfrenta el colapso de los servicios públicos y la inseguridad alimentaria, las autoridades de la isla mantienen su política de hermetismo informativo. Esta situación debería obligar a la comunidad internacional y a los gobiernos donantes a exigir mecanismos de supervisión independiente, garantizando que la ayuda humanitaria no sea utilizada como herramienta de control político por el poder en Cuba.
