La Habana registró en febrero un incremento del 24% en protestas, denuncias y declaraciones críticas respecto a enero, con un récord de 432 acciones catalogadas como desafíos directos al Estado policial, en medio de una aguda crisis energética, escalada inflacionaria y endurecimiento represivo por parte de las autoridades de la isla.
El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó 1.185 eventos durante el segundo mes del año, frente a los 953 registrados en enero. De ese total, 432 fueron clasificados como desafíos al Estado, superando los 395 del mes anterior y representando más del 36% del cómputo global. Según el informe, estas acciones se concentraron en cuestionamientos directos al sistema político y sus dirigentes, marcando una diferencia respecto a reclamos estrictamente económicos o sociales que habían predominado en períodos anteriores.
El OCC atribuyó el aumento de la conflictividad social a lo que denominó \»efecto Trump\», señalando que la esperanza despertada entre los cubanos por el enfoque del presidente de Estados Unidos y su secretario de Estado respecto al tema Cuba habría incentivado la disposición ciudadana a manifestar su inconformidad. A esta dinámica se suma la profundización de la crisis estructural que atraviesa la isla, con un colapso energético sin precedentes que mantuvo la disponibilidad eléctrica por debajo de los 1.200 megavatios frente a una demanda superior a los 3.000.
Crisis de servicios públicos e inflación disparan la protesta social
Las protestas vinculadas a servicios públicos se triplicaron, pasando de 86 en enero a 229 en febrero. Los apagones alcanzaron entre 20 y 23 horas diarias en varias provincias, mientras que en La Habana oscilaron entre 12 y 15 horas, afectando severamente el transporte, el abastecimiento de agua y otros servicios básicos. La categoría de Alimentación, Inflación y Agricultura acumuló 201 denuncias, impulsada por una escalada de precios que colocó paquetes de pollo en 5.000 pesos cubanos y botellas de aceite en 2.000, además de incrementos en el precio del pan en mercados informales.
El informe también recogió inconformidades tras el anuncio del gobierno cubano de que, a partir de abril, la canasta básica subsidiada se limitará exclusivamente a personas consideradas vulnerables. Esta medida, que reduce aún más el ya precario apoyo estatal a la población, se inscribe en un contexto de deterioro habitacional generalizado, con 18 denuncias en la categoría de vivienda y 68 reportes en otros problemas sociales.
Represión y violencia estatal: la respuesta de la dictadura
En materia represiva, la dictadura cubana respondió con 113 incidentes documentados por el observatorio. Entre ellos figuran el encarcelamiento de integrantes del grupo audiovisual El4tico, la represión de un motín en la prisión de Canaleta en Ciego de Ávila, y la muerte de cuatro personas tras el ametrallamiento de una embarcación procedente de Miami por fuerzas guardafronteras del régimen. El período también registró incendios de campos de cultivo y propiedades gubernamentales, un récord de 42 grafitis antigubernamentales a lo largo de la isla, y el hackeo de los servidores de la empresa estatal ETECSA y del Ministerio de Comunicaciones.
El informe incluyó además 57 denuncias por inseguridad ciudadana, con 22 muertes asociadas a hechos de violencia social, criminal o de género. El OCC concluye que el aumento sostenido de la conflictividad refleja la profundización de la crisis energética y económica, así como un clima político marcado por mayores tensiones internas. La tendencia sugiere que la ciudadanía cubana, pese a la represión sistemática y el control policial, continúa desafiando abiertamente un modelo político que ha demostrado incapacidad para garantizar las condiciones mínimas de subsistencia, planteando un escenario de creciente inestabilidad social que el régimen de La Habana parece incapaz de contener mediante sus mecanismos habituales de coerción.
