Los opositores Ángel Cuza Alfonso y Daniel Alfaro Frías, recluidos en el penal de máxima seguridad de Guanajay, emitieron un mensaje de resistencia y esperanza al pueblo cubano. Desde el encierro, ambos denuncian la arbitrariedad de sus procesos judiciales y reiteran su llamado a la lucha cívica por la libertad de la isla.
Cuza Alfonso, periodista independiente, lleva seis meses privado de libertad sin que el Ministerio Fiscal haya presentado una petición formal de cargos en su contra ni se haya celebrado juicio. El activista detalló que su defensa legal ha intentado en reiteradas ocasiones reunirse con funcionarios de la Seguridad del Estado para conocer el estado de su causa, pero las autoridades han eludido cualquier contacto. Esta opacidad institucional refleja una vez más el uso de la prisión preventiva como herramienta de castigo anticipado por parte del régimen de La Habana.
En un precedente comunicado fechado en noviembre, el comunicador había alertado sobre el severo deterioro de sus condiciones físicas y emocionales derivado de su reclusión, responsabilizando directamente a los órganos represivos. En aquel texto, Cuza llegó a manifestar su preferencia por la muerte antes que soportar un encarcelamiento carente de las más mínimas garantías legales. Pese a este desolador panorama, su mensaje reciente se centró en desear salud y fortaleza a los cubanos, instándolos a no claudicar en la demanda de sus derechos.
Por su parte, Daniel Alfaro Frías, de 71 años, cumple una condena de nueve años impuesta por la dictadura cubana tras ser acusado de participar en reuniones y manifestaciones ilícitas. El opositor subrayó que las festividades de fin y comienzo de año resultan especialmente crueles para los reclusos debido a la separación forzada de sus familias. Alfaro aprovechó la ocasión para reiterar que su mayor aspiración continúa siendo el establecimiento de un sistema democrático y la conquista de la libertad en el país.
El sistema penal como instrumento de silenciamiento
Los testimonios de Cuza y Alfaro no son hechos aislados, sino síntomas de una crisis estructural de derechos humanos en la isla. Organizaciones independientes y observadores internacionales han documentado de manera exhaustiva cómo el gobierno cubano utiliza el aparato judicial para criminalizar la disidencia. A través de procesos opacos, incomunicación y sanciones desproporcionadas, el Estado busca desarticular cualquier brote de activismo pacífico, profundizando un clima de represión que ha impulsado a cientos de miles de ciudadanos al exilio migratorio.
La persistencia de estos presos políticos en clamar por la unidad desde las cárceles de máxima seguridad plantea un desafío directo a la narrativa oficial de estabilidad. Mientras el ejecutivo cubano mantenga intacta su maquinaria de persecución, la presión de la comunidad internacional para exigir la liberación incondicional de los presos de conciencia y el respeto a las garantías procesales se erige como el principal factor de exigencia para revertir la asfixia cívica que sufre la nación.
