Las autoridades de la isla han comunicado a la Iglesia Católica que no renovarán la residencia temporal del sacerdote mexicano José Ramírez, en lo que constituye una expulsión de facto. El religioso, perteneciente a la Congregación de la Misión, deberá abandonar el país este jueves tras haber hecho sonar las campanas del templo de La Milagrosa, en el habanero barrio de Santos Suárez, como muestra de apoyo a los vecinos que protestaban por el colapso eléctrico.
La decisión fue transmitida a la jerarquía eclesiástica por Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista. Aunque la medida se presentó bajo un formato estrictamente administrativo para evitar un escándalo público, en la práctica equivale a una orden de deportación. Fuentes eclesiásticas confirmaron que, una vez expire su documentación migratoria, el religioso tendrá que regresar a México. Además, se ha conocido que agentes de la Seguridad del Estado ejercieron presión directa sobre Ramírez tras el incidente.
El gesto del sacerdote ocurrió después de que los residentes de Santos Suárez soportaran más de 12 horas sin servicio eléctrico, una situación que ha desencadenado estallidos sociales en diversas zonas de la capital. El repique de campanas se inscribe en un contexto de profunda crisis estructural, donde el desabastecimiento energético, la inflación y el colapso de los servicios públicos han llevado a la ciudadanía a manifestar su descontento, siendo respondidos de manera sistemática con la violencia y la represión de la dictadura cubana.
Persecución sistemática contra la comunidad religiosa
La acción contra Ramírez no es un hecho aislado, sino que se suma a una lista de hostigamientos contra figuras católicas que han alzado la voz frente al régimen de La Habana. Religiosos como Lester Zayas, Alberto Reyes, Kenny Fernández Delgado y José Conrado Rodríguez Alegre, junto a la monja Nadiezka Almeida, han enfrentado acoso por su postura crítica. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), han denunciado que el gobierno cubano utiliza la negación de visas y residencias temporales como una herramienta de control y censura para silenciar a los agentes pastorales.
Este mecanismo de expulsión encubierta ya fue utilizado en 2022 contra el sacerdote dominicano David Pantaleón, superior de los jesuitas en la isla, debido a su labor pastoral y a sus cuestionamientos al poder. En aquella ocasión, el acto fue calificado por miembros de la iglesia como un uso de \»facultades de poderío dictatorial\» para deshacerse de quienes incomodan al régimen con la verdad.
La salida forzada del padre Ramírez evidencia la continuidad de una política de censura que busca neutralizar cualquier espacio de disenso, incluso dentro de las instituciones religiosas. Ante el agravamiento de la crisis social y económica, el ejecutivo cubano opta por aislar y expulsar a las voces solidarias, dejando a la población más desprovista de refugios comunitarios y profundizando el clima de indefensión, control y represión en la isla.
