El gobierno cubano ha oficializado un nuevo paquete de beneficios económicos y pensionales dirigido exclusivamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), mediante el Decreto-Ley 105/2025. La medida garantiza jubilaciones que alcanzan hasta el 90% del último salario e incluso permite superar este tope, en medio del profundo deterioro socioeconómico que sufre el resto de la población civil.
Publicado en la Gaceta Oficial, el texto legal detalla en su Artículo 10 que las pensiones castrenses pueden llegar al 90% del haber mensual o su promedio. Además, establece excepciones para aquellos con una trayectoria prolongada en el aparato militar, como quienes acumulen 50 años de servicio, o 45 años si se reincorporan a la actividad por un mínimo de cinco años. El cálculo se actualiza para otorgar el 60% por los primeros 25 años y un 3% adicional por cada año de exceso.
Uno de los aspectos más cuestionables del decreto es la habilitación para que los militares retirados vuelvan a trabajar sin perder su pensión. El Artículo 56 autoriza a estos efectivos a devengar tanto la jubilación como el salario de un nuevo cargo, siempre que cuente con la aprobación del Ministerio de las FAR. Este privilegio contrasta drásticamente con las estrictas restricciones que enfrentan los trabajadores civiles. Simultáneamente, el Artículo 60 introduce causales de suspensión de pagos que afectan a incapacitados y viudos, penalizando incluso el acceso al mercado laboral por parte de los cónyuges sobrevivientes.
Privilegios en medio del colapso social
Esta reforma legal se inserta en un escenario de asfixia económica para la inmensa mayoría de los cubanos. Mientras las autoridades de la isla imponen apagones prolongados, inflación galopante y un desabastecimiento crítico de medicamentos, los adultos mayores civiles sobreviven con pensiones que no alcanzan para cubrir una semana de alimentación básica. En este contexto, la dictadura cubana prioriza la asignación de recursos hacia el sector castrense, reconocido como la columna vertebral de la represión política y la contención social, asegurando su lealtad mediante prebendas materiales.
El nuevo decreto consolida un sistema de apartheid social y económico, donde el bienestar está condicionado a la cercanía con el poder. Lejos de ser una medida de justicia, esta normativa profundiza la fractura social en la isla, enviando un mensaje claro de abandono a la población civil y garantizando el blindaje institucional y económico de quienes sostienen el aparato de control estatal frente a una ciudadanía cada vez más empobrecida y excluida.
