El opositor cubano Eider Frómeta Allen, excarcelado recientemente tras permanecer siete años y ocho meses privado de libertad, ha ofrecido un testimonio estremecedor sobre las condiciones infrahumanas y la violencia sistemática que imperan en el sistema penitenciario de la isla. El activista, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la iniciativa Cuba Decide, detalló haber sufrido golpizas, inmovilizaciones prolongadas y desnutrición, y aseguró haber presenciado la muerte de varios reclusos por inanición bajo la custodia del Estado.
En sus declaraciones, Frómeta Allen relató que durante su encierro fue sometido a múltiples huelgas de hambre como única vía para protestar contra los abusos. La dictadura cubana, según su testimonio, respondió a estas acciones con escalamientos represivos que incluyeron agresiones por parte de paramilitares al servicio de la policía política, traslados a celdas de castigo por periodos prolongados y la negación sistemática de derechos fundamentales como las visitas familiares y las llamadas telefónicas. \»Utilizaban métodos de tortura contra mí\», afirmó el activista, describiendo una realidad que contrasta con la imagen institucional que el régimen de La Habana proyecta al exterior.
Uno de los episodios más graves de violencia estatal denunciados por el opositor ocurrió en una prisión de la provincia de Camagüey, donde fue amarrado con esposas y cadenas a una cama durante una noche completa. Como resultado de esta tortura, Frómeta sufrió una fractura que le dejó secuelas permanentes en uno de sus hombros. Estas violaciones de derechos humanos no pasaron desapercibidas para las organizaciones internacionales y de la sociedad civil; previamente, sus familiares y entidades como el Centro de Información Legal Cubalex habían documentado amenazas, represalias, negación de atención médica y restricciones de beneficios penitenciarios en su contra.
El infierno carcelario: hambre, desnutrición y saqueo militar
La crisis alimentaria que azota a la población civil cubana se reproduce con mayor crudeza dentro de los muros de las prisiones. Frómeta Allen denunció de manera categórica que \»los presos están muriendo de hambre en la cárcel de Cuba\», un hecho que aseguró haber presenciado en primera persona al ver el deterioro físico y el deceso de varios reclusos por desnutrición. Las autoridades penitenciarias han reducido progresivamente las raciones de alimentos, pasando de 120 gramos de arroz a 90 y, finalmente, a 75 gramos, acompañados únicamente de agua caliente y sin ninguna fuente de proteína.
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"La prisión en Cuba es muy dolorosa": Eider Frómeta tras más de 7 AÑOS de prisión política
A la escasez estructural se suma la corrupción institucionalizada. El activista acusó directamente a los funcionarios penitenciarios y militares de apropiarse de los alimentos y medicamentos que los familiares envían a los reclusos para suplir las deficiencias del Estado. \»Los militares se roban la comida de los presos; violentan todos los derechos de los presos\», declaró Frómeta, subrayando la indefensión total de la población reclusa, quienes carecen de mecanismos efectivos para denunciar estos abusos porque \»quienes deben proteger sus derechos son los que le violan los derechos\».
Represión política y causas fabricadas
El encarcelamiento de Eider Frómeta Allen no fue un hecho aislado, sino el resultado de la maquinaria represiva desplegada por el ejecutivo cubano para neutralizar el activismo político. Su detención inicial se produjo cuando participaba en la organización de un grupo de observadores que pretendía intervenir en el conteo de votos de un referendo constitucional. A partir de ese momento, la Seguridad del Estado orquestó una serie de causas penales para mantenerlo apartado de la vida pública.
El opositor relató que inicialmente recibió una sanción por desobediencia, supuestamente por no presentarse a citaciones oficiales. Poco después, fue atacado por un individuo que actuaba bajo indicaciones de la Seguridad del Estado y, al defenderse de la agresión, fue sometido a un juicio sumario y sentenciado por lesiones. Posteriormente, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Kilo 8, en Camagüey, donde permaneció aproximadamente dos años y medio en represalia por una huelga de hambre iniciada durante la pandemia de COVID-19 para denunciar el hacinamiento y la falta de higiene. Antes de finalizar su condena, fue llevado a Guantánamo, donde fue juzgado a puertas cerradas por el supuesto robo de una bicicleta, una táctica habitual de la dictadura para prolongar el cautiverio de los disidentes.
El costo humano y familiar de la represión
El impacto de la persecución política trasciende al individuo y destruye el tejido familiar. Frómeta Allen fue separado de su hijo cuando este tenía apenas cuatro años y salió de la prisión cuando el menor ya tenía 12. El activista lamentó profundamente la pérdida de años formativos irre recuperables: \»Yo nunca pude enseñar a mi hijo a montar bicicleta, nunca pude enseñar a mi hijo a leer, nunca pude dormir a mi hijo en la noche\». Esta distancia se vio agravada por el hecho de que estuvo recluido fuera de su provincia de residencia durante más de cinco años, dificultando severamente el contacto con sus seres queridos.
Contexto: El penal system como reflejo de la crisis estructural
Las denuncias de Frómeta Allen se enmarcan en una crisis estructural profunda que atraviesa toda la sociedad cubana. La reducción de las raciones de arroz en las prisiones es un espejo del desabastecimiento y la inflación que sufren los ciudadanos en la calle, donde acceder a una libra de arroz o a proteínas se ha convertido en un lujo inalcanzable para gran parte de la población. El régimen de La Habana, ante la incapacidad de sostener un modelo económico fracasado, ha trasladado la miseria a los recintos penitenciarios, dejando a los reclusos en el último eslabón de la vulnerabilidad.
Asimismo, el uso de prisiones de máxima seguridad como Kilo 8 o el traslado de presos a provincias alejadas como Guantánamo son prácticas consolidadas por la dictadura cubana para aislar a los opositores políticos y quebrar su voluntad. Esta táctica de destierro interno se ha intensificado en los últimos años, especialmente tras las protestas del 11 de julio de 2021, donde cientos de cubanos fueron sometidos a juicios sumarios y condenas desproporcionadas, hacinados en celdas sin condiciones mínimas de habitabilidad y sometidos a tratos crueles e inhumanos.
La corrupción militar denunciada por el activista también forma parte del control absoluto que ejerce el aparato estatal sobre la economía del país. Las empresas administrativas del Ministerio del Interior, que gestionan la producción agrícola y ganadera penitenciaria, operan sin transparencia. Los alimentos que deberían destinarse a la alimentación de los reclusos o al mercado interno son frecuentemente desviados al mercado negro o para enriquecimiento personal de los oficiales, un fenómeno que refleja la podredumbre institucional del gobierno cubano.
Una postura inquebrantable frente al poder
A pesar de los casi ocho años de abusos, aislamiento y tortura, el régimen no logró su objetivo de quebrar la convicción del activista. Frómeta Allen aseguró que los intentos de presentarlo como un delincuente común y las represalias constantes produjeron el efecto contrario: \»Mientras más me reprimían, más rebelde me volvía\», afirmó, reiterando que su postura ideológica se mantiene intacta.
Tras recuperar la libertad, el opositor aseguró que mantendrá su activismo dentro de Cuba, desafiando el riesgo de una nueva represalia por parte de la dictadura. \»Voy a seguir saliendo a marchar, voy a salir manifestando, voy a seguir diciendo lo que pienso, voy a seguir luchando por la libertad de Cuba, por la libertad de todos los jóvenes cubanos y por darle a mi hijo un futuro en Cuba\», concluyó. Su testimonio queda como un documento incriminatorio contra el sistema penitenciario cubano y un llamado a la comunidad internacional para que no desvíe la mirada ante las violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en la isla.
