El gobernante nicaragüense Daniel Ortega anunció este domingo la supresión definitiva de los comicios en el país y la promulgación de nuevas leyes para impedir la participación de la oposición política, consolidando la transformación de Nicaragua en una dictadura sin fachada democrática y enviando un mensaje inquietante a los regímenes autoritarios de la región, incluida la dictadura cubana.
El anuncio fue realizado durante el acto central por el aniversario 47 del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, en Managua. Ortega, que comparte el poder con su esposa Rosario Murillo bajo la figura de la «copresidencia», sentenció de manera categórica: «Aquí no volverá a haber elecciones». La declaración representa el punto de inflexión más dramático en la desmantelación de la institucionalidad democrática nicaragüense y confirma la deriva totalitaria del régimen.
El gobernante justificó la supresión de los comicios presentando a los grupos opositores como organizaciones creadas y financiadas por Estados Unidos para desalojar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) del poder. En su discurso, adelantó que trabajará junto a la Asamblea Nacional y otras instituciones controladas por el oficialismo para aprobar normas que «les pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias». El lenguaje utilizado replica la retórica habitual de regímenes autoritarios que criminalizan la disidencia y convierten la oposición política en un asunto de seguridad nacional.
Ortega no explicó en su intervención cómo pretende eliminar formalmente las votaciones. La Constitución vigente reconoce en su artículo 51 el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas, establece que los «copresidentes» deben ser escogidos mediante sufragio universal, directo, libre y secreto, y ordena celebrar elecciones generales cada seis años. Sin embargo, la subordinación total de los poderes del Estado al ejecutivo hace previsible que cualquier obstáculo legal sea removido con celeridad.
El fin de una fachada electoral
El anuncio da por cancelados, en términos políticos, los comicios generales previstos para noviembre de 2027. Esa convocatoria ya había sido desplazada un año después de que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobara en enero de 2025 una reforma constitucional que extendió de cinco a seis años los mandatos de las autoridades elegidas por voto popular. La misma reforma elevó a Rosario Murillo a la condición de «copresidenta» y colocó bajo la coordinación de la Presidencia los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y de control del Estado, concentrando el poder de manera sin precedentes.
La competencia electoral ya había sido prácticamente anulada antes de este anuncio. Las presidenciales de 2021 fueron ampliamente cuestionadas a nivel internacional después de que las autoridades encarcelaran a los aspirantes opositores con posibilidades de enfrentar a Ortega, detuvieran a dirigentes empresariales y criminalizaron la disidencia. Ortega, que regresó a la Presidencia en 2007 y cumple su cuarto mandato consecutivo, fue proclamado vencedor de aquella votación, cuya legitimidad fue rechazada por numerosos gobiernos y organismos internacionales.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó este martes el anuncio y sostuvo que Ortega y Murillo habían abandonado incluso la apariencia de consentimiento popular. «El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas», afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. La reacción de Washington se suma a las preocupaciones de la comunidad internacional sobre el avance autoritario en Centroamérica.
Tiziano Breda, analista de la organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), consideró que el anuncio evidencia el temor de Ortega y Murillo a que cualquier apertura política facilite la aparición de un movimiento opositor capaz de amenazar su permanencia en el poder. «En lugar de escenificar una elección amañada, han optado por eliminar por completo la competencia electoral», declaró a Reuters. El excandidato presidencial Félix Maradiaga, encarcelado entre 2021 y 2023 y posteriormente expulsado a Estados Unidos, interpretó las palabras de Ortega como una admisión de que su proyecto no está dispuesto a someterse a ninguna forma de competencia democrática.
El espejo cubano: la conexión entre dos dictaduras
El anuncio de Ortega resuena con particular fuerza en el contexto cubano, donde el régimen de La Habana mantiene desde hace más de seis décadas un sistema de partido único sin elecciones libres ni plurales. La dictadura cubana ha servido históricamente como modelo de referencia para los proyectos autoritarios de la región, y la consolidación del régimen sandinista reproduce patrones ya conocidos en la isla: el control absoluto de las instituciones, la criminalización de la disidencia, la reforma constitucional a medida para perpetuar el poder y la eliminación de cualquier espacio de participación ciudadana.
La relación entre La Habana y Managua no es meramente retórica. El gobierno cubano ha proporcionado históricamente asesoría política, seguridad y apoyo ideológico al Frente Sandinista, y ambos regímenes comparten una visión común del poder basada en la concentración absoluta del control estatal y la supresión de la sociedad civil. La eliminación de las elecciones en Nicaragua sigue la lógica que la dictadura cubana aplicó desde sus orígenes: eliminar la competencia electoral, instaurar un sistema de partido único y convertir la participación ciudadana en un mecanismo de ratificación sin alternancia.
En Cuba, el régimen ha perfeccionado durante décadas un sistema de «elecciones» sin candidatos opositores, donde los comicios se limitan a la ratificación de listas previamente filtradas por las estructuras del poder. Las recientes elecciones municipales y la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente, sin competencia real ni participación plural, ilustran un modelo que Ortega parece ahora dispuesto a adoptar de manera abierta, sin la fachada de pluralidad que incluso las dictaduras más endurecidas suelen conservar como concesión mínima a la legitimidad internacional.
Represión sistemática y crímenes de lesa humanidad
La anunciada eliminación de los comicios se produce en medio de una prolongada campaña represiva. Al menos 46 personas permanecen encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, aunque el régimen niega que existan presos de esa naturaleza. Desde las protestas de 2018, las autoridades han cerrado más de 5.000 organizaciones religiosas, civiles y educativas, despojado de la nacionalidad y los bienes a opositores y obligado a miles de nicaragüenses a abandonar el país.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que el Gobierno ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas que constituyen crímenes de lesa humanidad, una conclusión reiterada en su informe de marzo de 2026. Este patrón represivo guarda similitudes con la situación cubana, donde la dictadura mantiene un control férreo sobre la sociedad mediante la intimidación, la persecución política, la censura y el encarcelamiento de activistas, periodistas y ciudadanos que ejercen su derecho a la libre expresión.
El exilio nicaragüense, al igual que el cubano, ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Miles de ciudadanos han abandonado el país ante la imposibilidad de ejercer derechos fundamentales, la crisis económica derivada de la mala gestión gubernamental y la persecución política. Las diásporas de ambos países comparten una misma causa raíz: la negativa de regímenes autoritarios a abrir espacios de participación y a someterse al escrutinio popular.
Consecuencias regionales y respuesta internacional
El anuncio de Ortega plantea un desafío directo a la comunidad internacional y a los mecanismos de defensa democrática en las Américas. La Organización de Estados Americanos (OEA), que ya había condenado las elecciones de 2021 como carentes de legitimidad, enfrenta ahora la consolidación de un régimen que renuncia abiertamente a cualquier pretensión democrática. La pregunta que se plantea es si la región está dispuesta a adoptar medidas concretas frente a un régimen que elimina formalmente las elecciones, o si se repetirá el patrón de condenas verbales sin acciones efectivas que ha caracterizado la respuesta internacional ante la dictadura cubana durante décadas.
Para el régimen de La Habana, la deriva de Ortega representa a la vez una validación y un riesgo. Una validación, en la medida en que confirma que el modelo de monopolio político puede sostenerse sin concesiones electorales. Un riesgo, porque la eliminación abierta de las elecciones por parte de un aliado regional podría endurecer la postura internacional y generar mayor presión sobre los regímenes autoritarios de la región. La dictadura cubana, que ha sobrevivido a décadas de aislamiento y sanciones, observa con atención cómo la comunidad internacional responde a lo que constituye, sin eufemismos, el entierro formal de la democracia en Nicaragua.
La crisis de legitimidad que afecta a Nicaragua y Cuba comparte una misma raíz estructural: la negativa de los regímenes autoritarios a permitir la participación política plural y el control ciudadano del poder. Mientras la comunidad internacional debata cómo responder al anuncio de Ortega, millones de nicaragüenses y cubanos continúan viviendo bajo sistemas que les niegan el derecho más elemental de toda sociedad democrática: la capacidad de elegir y remover a sus gobernantes mediante el voto. La eliminación de las elecciones en Nicaragua no es solo un golpe a la democracia centroamericana; es un recordatorio de que el autoritarismo en la región no es un fenómeno del pasado, sino una amenaza vigente que requiere respuestas firmes y coordinadas de la comunidad democrática.
