La Empresa de Construcción y Montaje de Las Tunas acelera la instalación de hogares hechos con contenedores procedentes de Asia para la celebración del 26 de Julio, en medio del colapso histórico del sector de la construcción en la isla. Las autoridades prometen «excelente confort», pero los datos oficiales revelan un programa estancado y una caída drástica en la edificación de viviendas.
La Empresa de Construcción y Montaje de Las Tunas (ConAlza) ha anunciado la aceleración en el acondicionamiento de viviendas fabricadas a partir de contenedores marítimos en la zona de El Cornito, con el objetivo de tener listas estas estructuras para la celebración oficial del 26 de Julio. Según la entidad, los módulos metálicos fueron utilizados inicialmente para transportar desde China componentes destinados a los parques solares fotovoltaicos cubanos y ahora se reutilizan bajo el principio de la «economía circular», una narrativa frecuente del gobierno cubano para justificar la escasez crónica de materiales de construcción convencionales.
ConAlza ha calificado estas estructuras como una «nueva modalidad de hogares sociales, con excelente confort y estética», asegurando que cuenta con el apoyo de entidades como Gelma, Metunas y Mantenimiento Constructivo. Sin embargo, las imágenes difundidas por los medios oficiales muestran el interior inconcluso de los contenedores y no permiten verificar las reales condiciones de habitabilidad. La comunicación institucional omite detalles fundamentales como la superficie exacta, los sistemas de aislamiento térmico frente a las altas temperaturas del oriente cubano, las conexiones de agua, electricidad y saneamiento, así como el costo de transformación y los criterios para seleccionar a los beneficiarios.
Promesas institucionales frente a la realidad material
El hermetismo en la información actual contrasta con lo anunciado meses atrás, cuando el programa fue presentado en la provincia. En agosto, el director provincial de Vivienda, Héctor Rodríguez Espinosa, detalló que el territorio disponía de 46 contenedores: 18 asignados a la Empresa Eléctrica para construir nueve casas para sus trabajadores, y otros 28 destinados a la entrega mediante consejos populares y gobiernos locales. En aquella ocasión, el régimen prometió viviendas de entre 32 y 70 metros cuadrados, con divisiones según el número de moradores, cocina, baño, comedor, revestimientos antitérmicos, un segundo techo y anclaje sobre pilotes de hormigón para proteger el metal de la humedad. La nueva publicación oficial no aclara si las unidades de El Cornito mantienen estas características.
A pesar de las promesas, la iniciativa tunera es un reflejo del fracaso de un plan nacional que preveía reconvertir más de 3.500 contenedores desechados en viviendas modulares progresivas. El propio periódico oficial Granma reconoció en enero que se trataba de «un tema en el cual no se avanza». Hasta ese momento, de 1.784 contenedores liberados, apenas se habían terminado 19 viviendas, mientras que otras 591 estaban en proceso de transformación. La burocracia estatal también mostraba sus cuellos de botella: se habían aprobado 2.293 microlocalizaciones y 1.305 proyectos de implantación, pero solo 542 licencias de construcción habían sido emitidas por las autoridades de la isla.
El fracaso del Programa de la Vivienda y la crisis estructural
La urgencia por mostrar avances con los contenedores de El Cornito responde a la profunda crisis que atraviesa el sector de la construcción en Cuba. En diciembre, el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero Cruz, compareció ante la Asamblea Nacional para admitir que el Programa de la Vivienda incumplía sus objetivos debido a la baja producción local de materiales y al déficit estructural de cemento y acero. Marrero instó entonces a «imprimir un mayor ritmo» a la construcción a partir de contenedores marítimos, calificándolas de alternativas viables, aunque las cifras posteriores demostraron que la orden ejecutiva no se tradujo en una producción significativa de casas terminadas.
Los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) confirman el retroceso del sector. Durante el último año, la construcción de viviendas en Cuba volvió a caer, registrando 5.493 casas terminadas, frente a las 7.427 del año anterior, lo que representa un descenso aproximado del 26%. De las viviendas concluidas, solo 1.791 correspondieron al sector estatal, mientras que 3.702 fueron levantadas mediante el esfuerzo propio de la población, evidenciando cómo el ejecutivo cubano transfiere la responsabilidad de resolver el déficit habitacional a los ciudadanos, quienes deben enfrentar precios exorbitantes de materiales en el mercado informal y la falta de ingresos dignos.
En Las Tunas, la situación no es diferente. La provincia oriental terminó apenas 248 viviendas, 50 menos que las 298 reportadas el año previo, una reducción del 16,8%. De estas, solo 97 fueron construidas por el sector estatal y las otras 151 correspondieron a la población. Las dificultades se replican en otras regiones del país. En Sancti Spíritus, el periódico oficial Escambray reconoció que el programa de contenedores se mantenía «en deuda». Aunque se había previsto construir más de un centenar de estas viviendas, solo 17 estaban en fase de ensamblaje, atribuyendo los retrasos a la falta de accesorios e insumos indispensables para instalar baños, cocinas, puertas y ventanas, lo que vulnera cualquier estándar mínimo de confort y habitabilidad.
Contexto: El déficit habitacional como detonante social
El uso de contenedores marítimos como solución habitacional no es más que un parche frente a una crisis estructural que arrastra el país desde hace décadas y que se ha agudizado de manera alarmante en los últimos años. El déficit de viviendas en Cuba supera las 800.000 unidades, agravado por el envejecimiento del fondo habitacional, los frecuentes derrumbes de edificios en La Habana y otros territorios, y la incapacidad del Estado para mantener planes de construcción masivos. La falta de cemento, acero, madera y hasta de clavos ha paralizado obras por todo el archipiélago, dejando a miles de familias en condiciones de hacinamiento o en albergues de emergencia precarios.
Esta crisis del hábitat se entrelaza directamente con el colapso económico generalizado, la hiperinflación y el desabastecimiento de productos básicos. Mientras las autoridades de la isla celebran fechas conmemorativas exhibiendo contenedores adaptados como logros de la «economía circular», la ciudadanía enfrenta el costo de la canasta básica en mercados paralelos con salarios que no superan los equivalentes a unos pocos dólares mensuales. La imposibilidad de acceder a una vivienda digna ha sido uno de los principales motores del éxodo migratorio sin precedentes que ha visto salir a cientos de miles de cubanos en los últimos años, vaciando ciudades y pueblos de su fuerza laboral y de su población joven.
La represión y la falta de libertades civiles completan un escenario donde la protesta social es criminalizada, impidiendo que la población exija rendición de cuentas por el desastre en la infraestructura nacional. La dictadura cubana prioriza la imagen política y el control social sobre la inversión en capital humano y bienestar material. La maquinaria propagandística montada alrededor de los contenedores de El Cornito busca ocultar que el modelo económico centralizado y fallido del régimen es el responsable directo de que los cubanos tengan que resignarse a vivir en cajas de metal importadas, mientras se les niega el derecho a una vivienda segura y permanente.
Implicaciones y perspectivas a futuro
El anuncio de las viviendas de contenedores en Las Tunas no alterará la tendencia a la baja en la construcción nacional ni solucionará el déficit habitacional. La dependencia de insumos importados, incluso para adaptar contenedores ya existentes, choca con la falta de divisas y la crisis de la deuda externa del país. Sin una reforma estructural que permita la libre participación del sector privado en la construcción y el acceso a financiamiento internacional, los planes estatales seguirán siendo declaraciones de intención incumplidas.
Para la ciudadanía, la continuación de esta política significa la perpetuación de la incertidumbre. Mientras la comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de los derechos económicos y sociales en la isla, el régimen de La Habana seguirá recurriendo a narrativas de resistencia y supuesta innovación para justificar su ineficiencia. Las casas de contenedores, presentadas como una solución vanguardista, son en realidad el síntoma más evidente de la decadencia material de un sistema que ha fracasado en proveer lo más básico para su población.
