El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) confirmó el asesinato de Kirenia López Mendoza, de 43 años, y de Merlin Noay, de 17, lo que eleva a 44 los crímenes de odio machista registrados en la isla durante este año. Los casos evidencian no solo la escalada de la violencia letal contra las mujeres, sino también la profunda ineficacia del sistema judicial y policial cubano para proteger a las víctimas de la violencia doméstica, a pesar de sus reiteradas denuncias previas ante las autoridades.
El primer caso confirmado por el monitoreo independiente ocurrió en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Kirenia López Mendoza fue hallada sin vida el pasado 18 de julio dentro de su vivienda en el barrio de Pueblo Nuevo, presentando signos de lo que el OGAT describió como «extrema crueldad». Fuentes consultadas por la organización sugieren que el crimen pudo haber sido cometido por varios hombres, entre ellos su pareja sentimental. Este detalle cobra una relevancia alarmante al conocerse que la víctima había denunciado previamente a su agresor ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) por malos tratos, una queja que no derivó en las medidas de protección necesarias para salvarle la vida. La mujer deja huérfano a un hijo adolescente.
El segundo feminicidio corresponde a la adolescente Merlin Noay, de 17 años, residente en Yerba de Guinea, localidad del municipio Songo-La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. La joven falleció tras permanecer varios días hospitalizada a causa de las graves heridas sufridas en un ataque ocurrido a inicios de julio. El presunto agresor identificado por el observatorio es un hombre de 64 años, quien fuera el padrastro de la víctima durante varios años. El OGAT clasificó el suceso como un feminicidio familiar e infantil, aunque aclaró que se encuentra investigando la naturaleza de los vínculos recientes entre ambos para tipificar con exactitud el delito.
Según informó la organización, los presuntos agresores vinculados a ambos crímenes se encuentran bajo custodia, a la espera de que el aparato judicial del régimen de La Habana instruya los procesos correspondientes. Sin embargo, la lentitud y la opacidad que caracterizan a la justicia cubana alimentan la incertidumbre sobre el desenlace de estos casos. A la tragedia de los asesinatos se suma la revictimización en redes sociales, donde el OGAT ha alertado sobre una creciente tendencia a juzgar duramente a las víctimas y a sus familias, un fenómeno que entorpece la denuncia y el debate público necesarios para erradicar la violencia de género.
Las cifras suministradas por el registro independiente dibujan un panorama desolador. Entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, el OGAT ha verificado 44 feminicidios, 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. Además, los activistas investigan otros 11 posibles crímenes machistas y cuatro intentos que aún no han podido ser confirmados debido a las restricciones de acceso a la información. Esta escalada representa una alarmante aceleración de la violencia letal: solo en mayo y junio de este año se contabilizaron 17 feminicidios, frente a los cuatro registrados en el mismo período de 2025, lo que supone un aumento del 325 %.
Este ritmo acelerado coloca a Cuba al borde de superar las cifras negras del año anterior. Los 44 feminicidios contabilizados en menos de siete meses se acercan peligrosamente a los 48 verificados durante todo el año 2025. De aquellas víctimas, el 83,3 % fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, un dato que subraya la urgencia de implementar mecanismos efectivos de protección para las mujeres que deciden romper relaciones violentas, una decisión que en la isla suele costarles la vida ante la pasividad de las instituciones.
Opacidad institucional y subregistro
El contraste entre las cifras independientes y las oficiales revela la estrategia del gobierno cubano para minimizar la crisis. El Observatorio oficial de Cuba sobre Igualdad de Género reportó 76 mujeres mayores de 15 años como víctimas de asesinatos por razones de género conocidos por los tribunales durante 2024. No obstante, esta metodología se basa en causas juzgadas y no en la fecha real de los crímenes, lo que impide una comparación directa y diluye la gravedad del momento actual. El OGAT reconoce que sus propios datos constituyen un subregistro, debido a que la dictadura cubana mantiene un férreo control sobre los expedientes policiales, informes forenses y documentación judicial, impidiendo el escrutinio público y el acceso libre a la información.
Ante la embestida de la violencia machista, la directora del OGAT, Ileana Álvarez, ha exigido al Estado cubano la implementación urgente de políticas de prevención y atención integral. «La verdadera protección de las mujeres, las niñas y los niños exige políticas públicas eficaces, refugios para quienes se encuentran en peligro, mecanismos de prevención, datos transparentes, acciones concretas frente a los agresores», recalcó la activista. La organización ha reiterado su demanda para que el ejecutivo cubano declare un estado de emergencia por violencia de género, una petición que ha sido sistemáticamente ignorada por las autoridades de la isla.
Violencia de género en medio del colapso sistémico
El auge de los feminicidios no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, y los apagones prolongados han exacerbado las tensiones dentro de los hogares. En este entorno de precariedad extrema, las mujeres suelen ser las principales víctimas de la frustración social. Además, el masivo éxodo migratorio, que ha vaciado barrios enteros y ha alterado la demografía del país, ha dejado a muchas mujeres al frente de la economía familiar, aumentando su vulnerabilidad y reduciendo sus redes de apoyo para escapar de la violencia doméstica.
La inacción del régimen de La Habana frente a la violencia de género es coherente con su naturaleza autoritaria. En un sistema donde el control político y la propaganda priman sobre la vida humana, la denuncia ciudadana es frecuentemente minimizada o criminalizada. La Policía Nacional Revolucionaria, carente de protocolos especializados y sensibilidad de género, suele tratar la violencia intrafamiliar como un simple «altercado conyugal», obligando a las víctimas a volver a convivir con sus agresores. Esta impunidad fomentada por la dictadura cubana crea un caldo de cultivo donde los feminicidas actúan con la certeza de que las consecuencias legales serán mínimas o inexistentes hasta que sea demasiado tarde.
Antecedentes de una deuda histórica
El silencio oficial en torno a la violencia machista tiene raíces profundas en la historia reciente de la isla. Durante décadas, el discurso oficialista sostuvo que en Cuba no existían problemas de género gracias a las conquistas sociales del proceso revolucionario, invisibilizando el sufrimiento de miles de mujeres. Solo en los últimos años, ante la presión de plataformas independientes como el OGAT, el gobierno cubano se ha visto obligado a reconocer parcialmente el problema. Sin embargo, el reconocimiento retórico no se ha traducido en presupuesto, infraestructura ni en una legislación específica que tipifique el feminicidio como delito autónomo en el Código Penal, dejando a las mujeres en un limbo jurídico y a merced de la arbitrariedad judicial.
Consecuencias y mirada al futuro
La continuidad de estos crímenes augura un futuro sombrío para las mujeres en Cuba si no se produce un cambio sustancial en la política estatal. La falta de refugios, la inexistencia de un sistema de alerta temprana y la precariedad económica condenan a miles de cubanas a convivir bajo la amenaza constante de la violencia letal. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben mantener el foco sobre esta crisis silenciosa, exigiendo al régimen de La Habana rendición de cuentas y el cumplimiento de los tratados internacionales sobre la eliminación de la violencia contra la mujer que el Estado ha firmado pero que sistemáticamente incumple. Mientras tanto, la sociedad civil cubana continúa su labor de monitoreo, asumiendo las riendas de una protección que el Estado ha abandonado por completo.
