La activista Anamely Ramos González solicitó a la prensa y al cuerpo diplomático acreditados en la isla que presionen al régimen de La Habana para revelar el destino del artista, quien continúa en paradero desconocido tras cumplir una pena de cinco años de prisión.
En un llamado público, la curadora exiliada urgió a los representantes extranjeros y periodistas a cuestionar directamente a las autoridades de la isla sobre la ubicación del líder del Movimiento San Isidro. La exigencia se produce tras el fracaso de un nuevo intento de presentar un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana. Según informó la organización jurídica Cubalex, el recinto judicial permaneció cerrado pese a ser día laborable, mientras que los correos electrónicos habilitados para recibir la documentación bloquearon los mensajes remitidos por los abogados.
Otero Alcántara fue extraído de la prisión de máxima seguridad de Guanajay el 7 de julio por agentes de la Seguridad del Estado, dos días antes de que concluyera oficialmente su condena. Desde entonces, su destino es un secreto de Estado. El único contacto registrado fue una llamada supervisada desde un teléfono oficial hacia Ramos González, en la que el artivista indicó que no podía revelar su ubicación. Ante esta situación de retención arbitraria, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una acción urgente y otorgó al gobierno cubano hasta el 25 de julio para presentar un informe oficial que detalle la localización exacta del artista.
Patrones de represión y silencio institucional
El ocultamiento del paradero de un preso tras el cumplimiento de su condena refleja las tácticas habituales de la dictadura cubana para neutralizar y hostigar a las voces disidentes. La imposibilidad de ejecutar un recurso legal tan fundamental como el habeas corpus evidencia la ausencia total de independencia judicial y el control absoluto del aparato coercitivo sobre las supuestas instituciones republicanas. Esta opacidad se inserta en una crisis estructural más amplia de la isla, donde la represión política se ha intensificado para acallar el descontento social frente al colapso económico, la inflación galopante y el éxodo migratorio masivo.
La presión de la comunidad internacional y los organismos multilaterales será crucial en las próximas semanas para exigir la liberación inmediata del artista. La negativa del ejecutivo cubano a rendir cuentas sobre el estado de Otero Alcántara no solo agrava la violación sistemática de los derechos humanos en el país, sino que reafirma la impunidad con la que el régimen opera frente a la mirada internacional, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión absoluta frente al abuso de poder.
