Una denuncia del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, respaldada por el Centro por una Cuba Libre, revela un escenario de hambruna y mortalidad extrema en la Prisión de Máxima Severidad de Boniato, en Santiago de Cuba. El documento expone que cientos de reclusos sufren desnutrición crítica bajo condiciones que configuran un patrón de exterminio atribuible a las autoridades penitenciarias.
El informe, liderado por el abogado Juan Carlos González Leiva desde Ciego de Ávila, detalla que de los aproximadamente 2.000 internos en Boniato, el 90% presenta algún grado de desnutrición. La crisis es tan severa que las autoridades de la isla han tenido que clasificar a los reclusos en tres galeras según su deterioro físico. Alrededor de 1.000 prisioneros se encuentran en estado crítico, y aquellos en el grado más avanzado son descritos como personas en agonía, con un promedio de dos a tres fallecimientos semanales.
Según las cifras recopiladas, 70 presos perdieron la vida en 2024 debido a la falta de alimentación y atención médica, mientras que en lo que va de 2025 ya se han registrado 80 decesos. La dieta impuesta por el régimen de La Habana carece de valor nutricional, limitándose a raciones minúsculas de arroz, caldo sin sustancia y pan racionado. Aunque los familiares intentan suplir estas deficiencias llevando alimentos, las autoridades carcelarias restringen constantemente estas donaciones, agravando la situación de los reclusos comunes y políticos.
Un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos
Las denuncias sobre Boniato no son un caso aislado, sino el reflejo de una crisis sistémica en el sistema penitenciario nacional. Organizaciones como Cubalex y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) han documentado decenas de muertes bajo custodia en el último año, evidenciando el hacinamiento, la insalubridad y la escasez de recursos básicos como agua potable y ventilación. Esta realidad confirma la responsabilidad directa de la dictadura cubana en la violación sistemática de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU, sometiendo a la población carcelaria a condiciones que atentan contra el derecho a la vida.
Ante la magnitud de esta crisis humanitaria, las organizaciones de la sociedad civil han exigido a la comunidad internacional que presione al gobierno cubano para permitir el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja a las prisiones, un acceso vetado desde 1989. El silencio o la inacción frente a estas violaciones perpetúan la impunidad del ejecutivo cubano y condenan a cientos de ciudadanos a una muerte evitable, profundizando el deterioro de la dignidad humana en la isla.
