La activista cubana Aylín Sardiña Fernández denunció haber recibido una citación del Ministerio del Interior (MININT) para comparecer en la 6ta Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ubicada en el municipio de Marianao, La Habana. La medida se enmarca en una nueva ola de represión y hostigamiento sistemático contra ella y varios miembros de su núcleo familiar, evidenciando una vez más el uso de la intimidación estatal para silenciar las voces críticas en la isla.
El documento oficial, difundido por la propia activista a través de sus redes sociales, le exige presentarse a la 1:00 de la tarde para una supuesta \»entrevista\», advirtiendo sobre posibles consecuencias legales en caso de incomparecencia. Sardiña Fernández ha sido tajante al afirmar su inocencia, declarando públicamente no haber cometido ningún delito. Esta acción del régimen de La Habana se suma a una serie de presiones recientes ejercidas sobre su entorno íntimo, incluyendo a su madre, su hermano y su padre, quienes habrían sido objeto de vigilancia y amenazas directas por parte de agentes de la Seguridad del Estado.
Las operaciones de seguimiento y amedrentamiento contra su familia no son hechos aislados, sino parte de una estrategia bien documentada de la dictadura cubana para infundir miedo y desarticular cualquier tipo de activismo cívico. Sardiña ha señalado que estas tácticas buscan castigarla por sus posiciones públicas y por su labor de denuncia. La activista ha estado vinculada en los últimos años a iniciativas de protección animal y a la defensa de los derechos de los presos políticos, un frente especialmente sensible para el gobierno cubano dada su incapacidad para justificar, ante la opinión pública, el encarcelamiento de disidentes y manifestantes pacíficos.
El caso de Aylín Sardiña adquiere una dimensión aún más profunda al considerar sus lazos familiares. Es hermana de Rolando Sardiña, quien cumplió condena por su participación en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J). Las manifestaciones del 11J marcaron un punto de inflexión en la represión estatal, derivando en procesos judiciales amañados, condenas desproporcionadas y la criminalización de la protesta social. El acoso contra la familia Sardiña se inscribe, por tanto, en una política de castigo prolongado y vengativo contra quienes participaron en el estallido social y sus allegados.
En su mensaje de denuncia, la activista también cuestionó la flagrante incoherencia de las autoridades de la isla en la asignación de recursos. Mientras la maquinaria represiva del Estado se despliega con celeridad y eficiencia para vigilar, citar y amedrentar a ciudadanos por el simple hecho de expresar opiniones críticas, la violencia y la criminalidad común azotan al país sin una respuesta institucional efectiva. Sardiña relató su reciente estancia en Colón, provincia de Matanzas, donde la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles alarmantes, impidiendo la libre circulación de los residentes.
\»Acabo de regresar de Colón, en Matanzas, donde casi no se puede salir a la calle por la violencia y criminalidad que allí se vive, cosa que no es prioridad para las autoridades de este país. La prioridad es todo aquel que no comulgue con sus ideales\», manifestó la activista. Esta declaración refleja una realidad que padecen millones de cubanos: el Estado policial persigue implacablemente al opositor político, pero abandona a la población a su suerte frente al hampa. La inseguridad en localidades como Colón es un síntoma directo del colapso institucional y la falta de políticas públicas efectivas por parte del ejecutivo cubano.
Un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos
Las citaciones arbitrarias, los interrogatorios en dependencias policiales y el hostigamiento familiar no son prácticas novedosas, sino herramientas consolidadas del aparato represivo. Organizaciones no gubernamentales como Cubalex y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) han documentado exhaustivamente en los últimos años cómo la dictadura cubana utiliza estas tácticas de baja intensidad para desgastar a activistas, periodistas independientes y opositores. El objetivo es claro: generar un costo personal, legal y emocional tan alto que el individuo opte por el exilio o el silencio forzado.
Este incremento en la represión ocurre en un escenario de crisis estructural múltiple que atraviesa la nación. La isla enfrenta una de las peores coyunturas económicas de su historia reciente, caracterizada por una inflación galopante que ha destruido el poder adquisitivo de los salarios, un desabastecimiento crónico de alimentos, combustibles y medicamentos, y un colapso del sistema eléctrico que mantiene a amplias zonas del país en penumbras durante gran parte del día. La respuesta del régimen de La Habana ante el descontento social generado por esta emergencia ha sido el endurecimiento del control punitivo, cerrando aún más los ya exiguos espacios de libertad de expresión y asociación.
La asfixia cívica, sumada a la precariedad material, es uno de los motores principales del éxodo migratorio sin precedentes que ha visto Cuba en los últimos años. Ante la imposibilidad de ejercer derechos fundamentales y la amenaza constante de acciones represivas como las sufridas por Aylín Sardiña, cientos de miles de cubanos han optado por abandonar el país por cualquier vía disponible. La comunidad internacional y diversos parlamentos democráticos han comenzado a levantar la voz ante esta situación, exigiendo el cese de la represión y la liberación incondicional de los presos políticos, aunque las sanciones y condenas diplomáticas aún resultan insuficientes para forzar un cambio de conducta en el poder cubano.
Implicaciones y perspectivas futuras
La citación de Aylín Sardiña y el acoso a su familia reafirman la negativa del gobierno cubano a tolerar la disidencia, incluso en sus formas más cívicas e inofensivas para el orden público. La criminalización de la protesta y la persecución de defensores de derechos humanos continuarán tensando la ya deteriorada tela social de la isla. Mientras las autoridades policiales destinen su aparato logístico a vigilar pacifistas en lugar de combatir la delincuencia, la brecha de confianza entre el Estado y la ciudadanía se ampliará de manera irreversible.
La comunidad internacional deberá mantener su escrutinio sobre las acciones del MININT y la Seguridad del Estado, exigiendo garantías para los activistas y el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Cuba. Mientras tanto, la sociedad civil cubana persistirá en su denuncia, demostrando que, a pesar del riesgo de cárcel y hostigamiento, la maquinaria del terror estatal no ha logrado extinguir la determinación de la resistencia cívica en el país.
