El régimen de La Habana continúa incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, con especial impacto en la población femenina. Las recientes detenciones a opositoras y periodistas independientes evidencian una política de violencia institucional que ignora tratados como la CEDAW, mientras la isla conmemora el aniversario del sufragio femenino sumida en una profunda crisis económica y social.
La política de acoso y censura de la dictadura cubana quedó de manifiesto el pasado 28 de enero, cuando las autoridades detuvieron a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, así como a la periodista Yoani Sánchez y su esposo Reinaldo Escobar, del medio independiente 14ymedio. Los tres intentaban asistir a una celebración patriótica en la residencia del encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer. Tras el arresto, fueron confinados en sus domicilios bajo la orden de no poder salir el resto del día, una práctica de arresto domiciliario arbitrario que se ha vuelto habitual para silenciar voces críticas y disuadir la participación en actividades diplomáticas.
A pesar de ser signataria de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) desde 1980, el gobierno cubano incumple sus obligaciones de garantizar la participación política y social de las mujeres en organizaciones no gubernamentales. El Estado, que fue gestor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, viola de manera flagrante los artículos que garantizan la libertad de expresión, asociación y protección contra la violencia estatal. Al no respetar los derechos fundamentales de la población, las autoridades de la isla suspenden sistemáticamente la garantía de los derechos específicos de la mujer.
Impacto de la crisis sistémica en la población femenina
La vulneración de derechos en Cuba no se limita a la represión política directa, sino que se extiende a las condiciones de supervivencia impuestas por el régimen de La Habana. Las mujeres sufren en primera línea el colapso de los servicios públicos: el déficit crónico de vivienda, los desalojos, la escasez prolongada de alimentos básicos y el desabastecimiento de medicamentos. A esto se suman salarios y jubilaciones devaluados que no cubren las necesidades mínimas de una semana, obligando a muchas a enfrentar la precariedad mientras el Estado despliega su aparato coercitivo contra cualquier forma de emprendimiento, periodismo o expresión artística independiente.
El aniversario del sufragio femenino en Cuba, conmemorado el 3 de febrero, sirve para contrastar la lucha histórica de las sufragistas contra las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista con la realidad actual. La continuidad de la violencia institucional, la persecución a disidentes y el secuestro de la soberanía popular exigen una respuesta firme de la comunidad internacional. La exigencia de que los derechos de la mujer sean considerados derechos humanos en la isla pasa ineludiblemente por el fin de la impunidad estatal y la restitución de las libertades democráticas para toda la ciudadanía.
