El preso político Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años de prisión por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, muestra una lenta recuperación tras deponer una huelga de hambre de 40 días que mantuvo como protesta contra su injusto encarcelamiento. El joven permanece hospitalizado en la provincia de Holguín bajo estricta vigilancia de las autoridades de la isla.
Según informó su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, a través de redes sociales, García Caso se encuentra en la terapia intermedia del hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín. Tras cinco días de haber finalizado la medida de protesta, el activista recibe hidratación intravenosa, vitaminas y medicamentos para estabilizar su sistema gastrointestinal y el funcionamiento de sus órganos. La familia ha podido visitarlo, incluyendo a sus tres hijos, en un encuentro calificado por la madre como \»triste pero alentador\», tras haberle retirado las cadenas que lo mantenían sujeto a la cama.
La decisión de poner fin a la huelga de hambre se produjo después de que el régimen de La Habana accediera a una de sus exigencias: su traslado a una celda de aislamiento. La esposa del recluso detalló a medios independientes que el joven se encontraba profundamente abatido por el encierro y el hostil ambiente carcelario, optando por el aislamiento ante la negativa del gobierno cubano de concederle la libertad. Antes de deponer la huelga, García Caso permanecía custodiado por oficiales de la Seguridad del Estado, esposado y encadenado a la cama, evidenciando el trato punitivo hacia quienes se atreven a desafiar el poder.
El costo de disentir en la Cuba actual
El caso de Yosvany Rosell García no es un hecho aislado, sino una muestra más de la política sistemática de represión y persecución política ejecutada por la dictadura cubana contra los participantes del estallido social del 11J. Con una sentencia de 15 años, su caso figura entre los más severos de los más de 1.000 ciudadanos procesados por exigir cambios en la isla. Esta criminalización de la protesta social ocurre en medio de una profunda crisis estructural caracterizada por la inflación galopante, el colapso de los servicios públicos y un éxodo migratorio sin precedentes, escenarios ante los cuales el Estado responde con el endurecimiento penal y la aniquilación de las libertades fundamentales.
La frágil recuperación de este prisionero de conciencia plantea nuevamente el interrogante sobre la responsabilidad del Estado en la integridad física de los activistas encarcelados. Mientras la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen su exigencia de una amnistía general para los presos del 11J, las condiciones de reclusión y el uso de la huelga de hambre como única vía de negociación carcelaria reflejan la urgencia de un escrutinio global sobre las violaciones sistemáticas que persisten en las prisiones de la isla.
