Decenas de miles de residentes en La Habana y zonas aledañas llevan meses, e incluso años, sin acceso regular al agua potable debido al colapso de la infraestructura hidráulica y a la desviación deliberada de recursos hacia el sector turístico y militar. Las autoridades de la isla han abandonado a su suerte a la ciudadanía, obligándola a pagar precios exorbitantes por camiones cisterna o a sobrevivir en condiciones de insalubridad, evidenciando el fracaso de la gestión gubernamental y la priorización de los intereses del poder sobre las necesidades básicas de los cubanos.
En la barriada de Santos Suárez, en La Habana, la realidad de Felicia, guionista radial, refleja la magnitud de la emergencia. Lleva más de tres meses sin ver una gota de agua potable en los depósitos de su vivienda. La última vez que tuvo acceso al recurso fue a finales de abril, cuando los vecinos de su edificio lograron reunir 15.000 pesos cubanos para pagar una pipa. Sin embargo, el líquido que recibieron era de una calidad tan turbia que solo servía para labores de limpieza, no para el consumo humano. Desde entonces, su supervivencia y la de su madre enferma dependen de la compra de agua embotellada a precios que oscilan entre los 100 y los 500 pesos por cada 1,5 litros, un gasto inasumible para trabajadores estatales y jubilados.
El intento de repetir la hazaña de comprar agua al por mayor resultó inviable. A finales de mayo, el precio de la pipa había escalado a 20.000 pesos, y en la actualidad ronda entre los 30.000 y los 50.000 pesos. Para las ocho familias que habitan el edificio, en su mayoría dependientes de bajos salarios estatales o pensiones, esta cifra es matemáticamente imposible de alcanzar. El dinero que logran reunir se esfuma en la compra diaria de pequeños recipientes de agua, conocidos popularmente como \»pepinos\», para poder cocinar y calmar la sed.
La situación es aún más crítica en las zonas más elevadas del municipio 10 de Octubre, específicamente en las calles Lacret y General Lee. Residentes de estas áreas aseguran que no ven agua corriente desde diciembre o enero. Para sobrevivir, deben cargar el recurso en carretillas y triciclos eléctricos desde municipios lejanos como San Miguel del Padrón o Arroyo Naranjo, donde algunos vecinos han perforado pozos. Estos últimos, buscando recuperar la inversión, han mercantilizado el recurso vital, vendiendo cubetas de 20 litros por 10 dólares y tanques de 55 galones por hasta 50 dólares, profundizando la dolarización de la supervivencia en la isla.
El desgaste físico y la humillación de los profesionales
Lázaro, un médico que reside en la zona afectada, describe la crisis del agua como un privilegio más que el régimen de La Habana ha arrebatado a la población, sumándolo a la lista junto al acceso a dólares, gasolina, electricidad y comida. Su salario, como al de la inmensa mayoría de sus colegas del sector de la salud, no le permite adquirir agua de forma constante. Lázaro se ve obligado a transportar garrafones desde el hospital donde trabaja, y en sus días libres pasa sed para no gastar sus escasos recursos en un \»pepino\» de agua que cuesta 100 pesos.
La intersección de la crisis hídrica con los apagones prolongados agrava la situación. Lázaro relata que la poca agua que logra conseguir es caliente debido a las altas temperaturas y la falta de electricidad. En ocasiones, no ha podido bañarse para asistir a su consulta médica, teniendo que asearse mínimamente con medio litro de agua o acudir a la higiene en el propio hospital o en casa de amigos. \»Es desgastante y humillante, más cuando nadie nos da una explicación. No nos dan agua y ya\», concluye el galeno, evidenciando la impotencia ciudadana ante la arbitrariedad estatal.
Infraestructura al servicio del turismo y GAESA
Las explicaciones oficiales esgrimidas por trabajadores de la empresa Aguas de La Habana y funcionarios del gobierno municipal de 10 de Octubre se centran en conductoras en mal estado, sequía y la falta de energía en las estaciones de bombeo. Sin embargo, estas justificaciones omiten un factor determinante: el problema se agudizó tras la conclusión de las obras de ampliación y reparación de las conductoras que conectaban el oeste y sur de la capital, un proyecto diseñado para abastecer las zonas turísticas del centro y satisfacer las demandas de los nuevos hoteles.
Una funcionaria del Instituto de Recursos Hidráulicos, bajo condición de anonimato, confirmó que este proyecto, promovido en su momento como la solución al abasto de la ciudad, acabó con los ciclos de distribución estables. La fuente reveló que los especialistas advirtieron sobre las afectaciones a la población, pero las obras se ejecutaron sin las debidas aprobaciones técnicas, respondiendo a las exigencias de las empresas hoteleras y del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas (GAESA). Actualmente, con los hoteles cerrados por la crisis turística, no se bombea agua ni para el turismo ni para los residentes, generando un lucrativo negocio informal para piperos y funcionarios corruptos.
El sesgo en la distribución de agua se replica en Habana del Este. En Barreras, un poblado cercano a Guanabo, los habitantes no reciben agua potable desde hace más de cinco años. La causa radica en un desvío de las conductoras que, en lugar de abastecer a la población local, tributan ininterrumpidamente a la zona de Santa María del Mar, al hotel Mar Azul y a una decena de \»casas de protocolo\» pertenecientes a las Fuerzas Armadas, al Comité Central del Partido Comunista de Cuba y a una unidad militar de la zona.
Funcionarios del gobierno municipal de Habana del Este, también bajo anonimato, detallaron que entre 2014 y 2018, empresas vinculadas a las FAR desviaron la conductora principal sin consultar a las autoridades civiles. El objetivo era abastecer un proyecto inmobiliario y hotelero en Playa Veneciana, que incluía campos de golf y parques acuáticos, el cual nunca se concretó. El agua bombeada se destinó a mantener casas de protocolo vacías la mayor parte del año. Hace un año y medio, se reactivó un centro de entrenamiento militar en la zona, que hoy consume más del 70 por ciento del agua del área, dejando a los civiles en total desamparo.
Contexto: El colapso sistémico y la violación de derechos humanos
La crisis del agua no es un evento aislado, sino la manifestación de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba tras décadas de mala gestión por parte del gobierno cubano. La inflación galopante ha devaluado los salarios estatales a niveles de miseria, haciendo que el acceso a recursos básicos como el agua dependa de la remesa familiar o de la dolarización de la economía informal. Mientras la población se ve obligada a pagar 50.000 pesos por una pipa de agua, el régimen de La Habana destina los escasos recursos hídricos a mantener infraestructuras militares y turísticas vacías, evidenciando un apartheid de recursos donde el ciudadano común es relegado a un plano secundario.
Esta situación se entrelaza directamente con la crisis energética nacional. Los apagones diarios, que a veces superan las 18 horas en diversas provincias, paralizan las estaciones de bombeo de agua, interrumpiendo cualquier intento de distribución por gravedad o electricidad. La falta de combustible para los camiones cisterna estatales agrava el cuadro, obligando a la población a buscar alternativas ilegales, como perforar las conductoras principales, lo que a su vez provoca inundaciones en las calles y pérdidas masivas del recurso.
Ante este escenario, la dictadura cubana ha respondido con la habitual falta de transparencia y represión social. Las protestas por la falta de agua en diversos municipios son rápidamente silenciadas o ignoradas por las instituciones, violando el derecho humano fundamental al acceso al agua potable. La incapacidad del ejecutivo cubano para garantizar la supervivencia digna de su población es la principal causa del exodo migratorio sin precedentes que sufre la isla, ya que miles de cubanos prefieren arriesgar sus vidas en el mar o en rutas migratorias terrestres antes que continuar sufriendo la escasez extrema de servicios básicos.
Consecuencias y panorama a futuro
El deterioro continuo del sistema hidráulico augura un futuro sombrío para la salud pública en Cuba. La falta de agua potable, combinada con el saneamiento deficiente y la acumulación de desechos, crea un caldo de cultivo ideal para el rebrote de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, el dengue y otras infecciones gastrointestinales, lo que podría colapsar el ya maltrecho sistema de salud pública. La población más vulnerable, como los ancianos y los niños, es la primera en sufrir las consecuencias de esta negligencia estatal.
La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben prestar atención a esta crisis silenciosa. El derecho al agua es un derecho humano esencial, y su negación sistemática por parte del régimen de La Habana, en favor de intereses militares y turísticos, constituye una clara violación de los tratados internacionales suscritos por Cuba. Sin presiones externas y sin una rendición de cuentas real, las autoridades de la isla continuarán priorizando la supervivencia de su aparato represivo y empresarial sobre el bienestar de los cubanos, prolongando una agonía que ya tiene a barrios enteros muriendo de sed.
