El gobierno cubano ha anunciado la implementación de un nuevo programa económico diseñado para \»corregir distorsiones\», en medio del paso del huracán Melissa y un severo rebrote sanitario. Las medidas, que incluyen la eliminación de subsidios y el alza de tarifas, buscan extraer circulante de la población, profundizando una crisis estructural que afecta directamente a la ciudadanía.
El ejecutivo cubano presentó el \»Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía\», un documento que contempla la eliminación gradual de subsidios y el incremento en las tarifas de electricidad, agua, transporte y combustibles. Las autoridades de la isla justifican estas acciones como una estrategia para reducir el exceso de circulante y estabilizar la macroeconomía. Sin embargo, la iniciativa impone una carga financiera adicional sobre el sector no estatal y los ciudadanos, quienes ya enfrentan salarios precarios y una inflación galopante que ha destruido su poder adquisitivo.
La decisión de anunciar este paquete de ajuste coincide con una coyuntura particularmente crítica para el país, marcada por los estragos del huracán Melissa, interrupciones en el servicio eléctrico debido al mantenimiento de la termoeléctrica Antonio Guiteras, y el colapso del sistema sanitario. La dictadura cubana ha aprovechado esta atención mediática y la emergencia nacional para avanzar con políticas que, en la práctica, facilitan la represión económica sobre la población, imponiendo la bancarización forzosa, precios topados y multas que asfixian el comercio privado e informal.
Impacto sobre una economía ya colapsada
Estas nuevas directrices se suman a los fracasos previos de la llamada Tarea Ordenamiento, políticas que dejaron en ruina los ahorros de millones de cubanos y aceleraron un proceso de dolarización total de la economía informal. La desconfianza en el sistema bancario es una consecuencia directa de las políticas erráticas del régimen de La Habana, que ahora pretende resolver el desequilibrio macroeconómico vaciando los bolsillos de los ciudadanos. Mientras la población se ve obligada a sobrevivir con ingresos que apenas alcanzan unos pocos dólares mensuales para acceder a bienes básicos, la élite militar y gubernamental mantiene intactos sus privilegios y su control sobre los recursos del país.
El panorama que se avecina apunta a un agravamiento de la precariedad social, con un riesgo elevado de un nuevo repunte del éxodo migratorio y un mayor deterioro del nivel de vida. Al priorizar la extracción de ingresos para sostener su aparato represivo y burocrático, el gobierno cubano consolida un modelo económico que aleja cualquier posibilidad de recuperación real, dejando a la ciudadanía expuesta a un escenario de empobrecimiento sistemático y desamparo institucional.
