En diciembre de 1963, una carta enviada al periódico Hoy por el actor Severino Puente desencadenó una de las polémicas culturales más significativas de los primeros años del régimen cubano. La respuesta del veterano dirigente comunista Blas Roca, quien admitió no haber visto las películas que censuraba, puso al descubierto el carácter represivo y dogmático con que la dictadura pretendía controlar el acceso de los cubanos a la cultura cinematográfica internacional.
La carta de Puente, publicada en la sección Aclaraciones del órgano del Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS), denunciaba la exhibición en salas cubanas de filmes como La dolce vita de Federico Fellini, Accattone de Pier Paolo Pasolini, Alias Gardelito de Lautaro Murúa y El ángel exterminador de Luis Buñuel, calificándolos de \»derrotistas, confusos e inmorales\». La queja encontró eco inmediato en Blas Roca, quien desde su posición como director del periódico y presidente del PURS, respondió el 12 de diciembre de aquel año abogando abiertamente por la prohibición de estas obras, sentenciando que \»no podían ser los Accatones ni los Gardelitos los modelos para nuestra juventud\», pese a reconocer que no había visto ninguna de las películas mencionadas.
La postura de Roca revelaba una moralina de tufo estalinista que se escandalizaba por la vida disoluta retratada por Fellini, el proxenetismo en la obra de Pasolini o el individualismo en los personajes de Michelangelo Antonioni en Il grido. Su incomodidad ante lo que no podía entender de Buñuel evidenciaba un patrón recurrente en la dictadura cubana: la demonización de todo aquello que escapara al control ideológico y que no pudiera ser reducido a catequismo propagandístico. De haberse impuesto los criterios de Roca, el cine cubano se habría limitado a las producciones soviéticas, el cine de los países del bloque del Este europeo y los dramas bélicos chinos, aislando a la población del acceso a obras fundamentales del séptimo arte mundial.
El choque entre el dogmatismo y la defensa cultural
La intervención de Roca provocó una inusual y encendida polémica con Alfredo Guevara, director del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), quien gracias a su cercanía con Fidel Castro se sentía con suficiente margen para cuestionar lo que ya se perfilaba como la política cultural oficial. Guevara manifestó su repugnancia por lo que denominó \»el marxismo de los miedos para animales domésticos\», acusó a Roca de albergar \»temor al pensamiento\» y un \»desprecio acaso profundo por los intelectuales\», y advirtió que \»el arte no es propaganda y ni en nombre de la revolución resulta lícito el escamoteo de sus significaciones\».
El debate se amplió con la intervención de Segundo Cazalis en el periódico Revolución, quien se alineó con Guevara, mientras que Vicentina Antuña, directora del Consejo Nacional de Cultura, respaldó a Roca esgrimiendo las resoluciones del Primer Congreso de Educación y Cultura celebrado en 1961. Este episodio, lejos de ser una anécdota menor, ilustró tempranamente el mecanismo mediante el cual el régimen de La Habana utilizaba a funcionarios y colaboradores para establecer los límites de lo permisible en el ámbito cultural, convirtiendo la censura en herramienta sistemática de control social.
Las consecuencias de aquella polémica trascendieron el ámbito cinematográfico. Aunque Guevara logró frenar momentáneamente la prohibición masiva, el espíritu que animaba a Roca y Antuña se consolidaría como doctrina oficial en los años siguientes. La censura, la persecución ideológica y el señalamiento se institucionalizaron, contribuyendo a configurar una sociedad cerrada, intolerante y vigilante que castigaba la disidencia cultural con la misma severidad que la política. Décadas después, el control sobre la producción y circulación cultural en la isla sigue siendo una herramienta fundamental de la dictadura para mantener su hegemonía sobre la información y el pensamiento de los cubanos.