Tras un cuarto de siglo de convenios de salud con el régimen de La Habana, Antigua y Barbuda anunció el cese abrupto de la contratación de médicos cubanos. El gobierno caribeño, que agradeció el servicio prestado, ya ha iniciado la transición para reemplazar al personal de la isla con un contingente de 120 profesionales provenientes de Ghana, en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos hacia países de la región.
La decisión, calificada de \»lamentable\» por el Partido Progresista Unido (UPP) de Antigua y Barbuda, culmina 25 años de un programa que el ejecutivo cubano ha utilizado históricamente como una de sus principales fuentes de ingresos por concepto de exportación de servicios. Aunque las autoridades caribeñas no detallaron las causas exactas de la ruptura, el cese de la cooperación se da en un contexto regional marcado por la reciente inclusión de nacionales antiguanos en el travel ban emitido por la Casa Blanca, lo que sugiere un reajuste en las alianzas diplomáticas y de seguridad del país.
Para evitar un colapso en la atención sanitaria, el ministro de Salud de Antigua y Barbuda, Sir Molwyn Joseph, confirmó la contratación inmediata de alrededor de 120 trabajadores de la salud, compuestos en su mayoría por enfermeras y varios médicos procedentes de Ghana. Las autoridades del Consejo de Ministros aseguraron que la transición se está gestionando de manera \»fluida, ordenada y responsable\» para garantizar que no haya interrupciones en los servicios esenciales para la población local, con la expectativa de que el nuevo personal esté desplegado antes de que finalice el año.
Expolio y control: el lado oscuro de las misiones médicas
El fin de este convenio pone nuevamente bajo la lupa el sistema de exportación de profesionales gestionado por la dictadura cubana. Organizaciones de derechos humanos y juristas especializadas han documentado durante años cómo estas misiones encajan en la definición de esclavitud moderna según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, ha explicado que el régimen opera mediante la vulnerabilidad extrema de los galenos, amenazándolos con retornarlos a una isla sumida en apagones de hasta 72 horas, inflación galopante y desabastecimiento de medicinas si intentan desertar o no cumplen las reglas impuestas.
El control ejercido por el gobierno cubano sobre sus profesionales en el exterior es sistemático y férreo. Según testimonios recopilados por organizaciones legales, los médicos enfrentan un \»toque de queda\» no oficial después de las 6:00 p.m., con pases de lista telefónicos desde el centro de operaciones. Las sanciones por incumplimiento incluyen amonestaciones públicas y deducciones salariales de hasta el 10%. Además, se les obliga a delatar a colegas que intentan abandonar la misión, consolidando un esquema de vigilancia y falta de libertad total que el régimen de La Habana disfraza de \»cooperación internacional\».
La ruptura de este convenio por parte de Antigua y Barbuda representa un nuevo golpe a una de las pocas fuentes de divisas que sostienen la economía de la isla. A medida que más países cuestionan las condiciones laborales de los profesionales cubanos y optan por alternativas en otras naciones, la dictadura cubana enfrenta un creciente aislamiento en sus mecanismos de financiamiento externo. Para los médicos que regresan a Cuba, la situación se traduce en el retorno a un sistema de salud colapsado y a una crisis estructural que no muestra visos de solución.
