El liniero Cleivi Pujada Castro perdió la vida este fin de semana mientras realizaba labores de mantenimiento en una subestación de Playa Baracoa, municipio Bauta, Artemisa. El suceso, atribuido a la falta de equipos de protección adecuados, evidencia nuevamente el deterioro de las condiciones de trabajo y el abandono institucional que enfrentan los obreros del sector energético en Cuba.
La muerte de Pujada Castro, quien operaba en una línea de 7.8 kV del circuito de 13.2 kV, fue confirmada por sus allegados a través de redes sociales. Familiares y compañeros de la víctima han denunciado que las tareas se ejecutaban sin las medidas de seguridad mínimas requeridas. La viuda, Maikelys, y sus dos hijos pequeños quedaron en una situación de desamparo, lo que ha obligado a los propios trabajadores a organizar recolecciones de fondos para brindarles asistencia económica, ante la total ausencia de respaldo estatal.
La activista Irma Broek se pronunció al respecto y subrayó el carácter estructural de la problemática. En sus declaraciones, hizo un llamado a las instituciones sindicales y a la Unión Eléctrica (UNE) para que se garanticen protocolos que protejan la vida de los trabajadores. Sin embargo, hasta el momento, ni la UNE ni el régimen de La Habana han emitido comunicado alguno sobre el accidente, consolidando un patrón de opacidad y falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades de la isla.
Colapso infraestructural y riesgo de muerte constante
El deceso del liniero artemiseño no es un suceso aislado, sino la consecuencia directa del colapso del sistema energético nacional. Hace apenas un par de semanas, el operador de turbina Carlos Rafael López Ibarra falleció en Santiago de Cuba tras sufrir quemaduras en el 89% de su cuerpo durante un fallo en la Central Termoeléctrica Antonio Maceo Grajales. En aquella ocasión, los propios obreros tuvieron que recolectar dinero para comprar insumos básicos, como huevos, para intentar tratar sus graves lesiones, poniendo de manifiesto la miseria material en la que el gobierno cubano obliga a operar a sus técnicos.
Estas tragedias trascienden el sector eléctrico y se enmarcan en una crisis ocupacional generalizada. De acuerdo con cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en 2024 se registraron 934 accidentes laborales en la isla, con un saldo de 52 fallecidos; una estadística que demuestra que, en promedio, un trabajador pierde la vida cada semana en su puesto de trabajo. La falta de mantenimiento, el agotamiento extremo y la ausencia de equipamiento son el caldo de cultivo para estas fatalidades.
La continua exposición de los trabajadores a condiciones inseguras configura una grave violación a los derechos laborales. Mientras la infraestructura nacional se desmorona y la crisis económica se profundiza, la dictadura cubana mantiene su silencio cómplice ante la pérdida de vidas humanas que sostienen un sistema fallido. La exigencia de justicia para Cleivi Pujada Castro y otros obreros caídos debe trascender las redes sociales y convertirse en un reclamo internacional frente a un régimen que sacrifica a su fuerza laboral en pos de mantener una fachada de normalidad operativa.
