La Asamblea Nacional del Poder Popular experimentó una reciente reestructuración que incluye la salida de funcionarios cuestionados, en medio de una purga silenciosa vinculada a la caída del exministro de Economía, Alejandro Gil. El ejecutivo cubano intenta mostrar una fachada de renovación institucional mientras el presidente Miguel Díaz-Canel admite la profunda crisis que atraviesa la isla, atribuyendo el fracaso a factores externos.
Las autoridades de la isla han procedido a relevar de sus cargos a varias figuras que generaron un profundo rechazo social en los últimos años. Entre los cambios destaca la salida del histórico dirigente de la Central de Trabajadores de Cuba, una institución cuestionada por su desvinculación de los derechos laborales, así como del exmandatario de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) que respaldó el polémico tarifazo de ETECSA. Asimismo, se ha apartado de sus funciones a Rubén Remigio Ferro, alto magistrado que llegó a afirmar públicamente que en la nación se respetaba el derecho a la protesta, en un periodo donde la dictadura cubana llenó las cárceles con cientos de manifestantes del 11 de julio de 2021, quienes cumplen condenas desproporcionadas hasta la actualidad.
Estos movimientos, sin embargo, no representan una apertura democrática ni una verdadera voluntad de cambio, sino una mera depuración cosmética impulsada por el régimen de La Habana. La reestructuración se enmarca en una purga interna que avanza de forma silenciosa, eliminando nombres asociados a la caída en desgracia de Gil. El gobierno cubano ejecuta estos relevos sin ofrecer explicaciones públicas, confiando en que la ciudadanía asimile la medida como un gesto de gestión, cuando en realidad se trata de un ajuste de cuentas entre la élite política ante la imposibilidad de sostener la narrativa oficial frente a la debacle económica.
Admisión de la debacle y búsqueda de culpables externos
El escenario de crisis sistémica es innegable y el año en curso ha sido catalogado como un fracaso rotundo en términos económicos y sociales, a pesar de los esfuerzos oficiales por motivar a sus cuadros con efemérides como el próximo centenario del fallecido líder histórico. Ante la imposibilidad de ocultar la depauperación del país, Díaz-Canel ha tenido que admitir que la nación está sumida en una profunda crisis, un reconocimiento que llega antes de que organismos internacionales como la ONU expongan la gravedad de los indicadores. No obstante, la dirigencia se desentiende de su responsabilidad en el colapso de los servicios públicos, la inflación galopante y el éxodo migratorio, y atribuye la situación al embargo estadounidense, a una supuesta conspiración mediática, a la tasa de cambio informal y al despliegue militar de Estados Unidos.
Las recientes maniobras institucionales y los discursos oficialistas confirman que el poder se encuentra en una fase de improvisación ante el agotamiento de su modelo. Relevar a unos pocos funcionarios no resuelve la escasez estructural ni devuelve las libertades conculcadas. Mientras la cúpula se limita a reordenar su burocracia para salvaguardar sus propios intereses, la ciudadanía enfrenta el deterioro diario de sus condiciones de vida. El descontento social acumulado y la evidente incapacidad de gestión del ejecutivo cubano auguran un panorama de creciente presión, donde la respuesta de la población y el escrutinio internacional serán factores determinantes en el corto y mediano plazo.
