El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, exigió al régimen de La Habana la apertura económica inmediata, la liberación de los presos políticos y el cese de la represión ciudadana. Durante una sesión informativa sobre la crisis humanitaria en la isla, el diplomático desmanteló la narrativa oficial que culpa al embargo y responsabilizó directamente a las autoridades cubanas del colapso sistémico que sufre la población.
En su intervención, Waltz planteó exigencias concretas y directas a la dictadura cubana: abrir la economía, liberar a los opositores encarcelados y dejar de tratar a los ciudadanos privados como una amenaza. Asimismo, refutó la habitual justificación del gobierno cubano sobre el supuesto \»bloqueo\» estadounidense como causa de la miseria. El representante estadounidense señaló que no existe ningún anillo militar impidiendo la entrada de ayuda, recordando que Washington ha enviado más de 10 millones de dólares en asistencia humanitaria solo en lo que va de año.
El diplomático también cuestionó la evidente desconexión entre el deterioro de las condiciones de vida y los privilegios de la cúpula gobernante. Waltz se preguntó cómo es posible que no haya recursos para combustible, alimentos o medicinas para la población, pero sí existan fondos para mantener el avión privado de la familia Castro, sus múltiples residencias o los artículos de lujo del mandatario cubano. Estas declaraciones ponen de relieve la corrupción institucionalizada que impera en la isla mientras la ciudadanía enfrenta apagones prolongados y escasez extrema.
Crisis humanitaria y fracaso del Estado
La sesión contó con la participación de funcionarios de la ONU, como el coordinador residente en Cuba, Francisco Pichón, y la directora de Respuesta a Crisis, Edem Wosornu, quienes confirmaron el acelerado colapso de los servicios básicos. Pichón describió la crisis energética como una emergencia que afecta a millones, detallando que 2,7 millones de cubanos carecen de acceso seguro al agua, el acueducto opera al 37% de su capacidad y apenas el 30% de los medicamentos esenciales están disponibles. Además, unas 100.000 personas, incluidos 12.000 niños, permanecen en lista de espera para cirugías.
El plan de acción humanitaria de la ONU para Cuba, que requiere 94,1 millones de dólares para asistir a 2,2 millones de personas, presenta una brecha de financiamiento cercana a los 60 millones. Esta situación no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de la ineficiencia estructural y la falta de libertades que han provocado un éxodo migratorio histórico. Las autoridades de la isla mantienen su control sobre los recursos, obstaculizando incluso la distribución de 2.900 toneladas métricas de alimentos demoradas, evidenciando cómo la burocracia estatal agrava la precariedad ciudadana.
En su cierre, Waltz hizo un llamado a la comunidad internacional a tomar una postura inequívoca: apoyar al pueblo cubano o respaldar a la dictadura comunista, descartando la posibilidad de hacer ambas cosas. La exigencia de canalizar la asistencia humanitaria directamente a la población, evitando al ejecutivo cubano como intermediario, marca un precedente diplomático crucial. La presión internacional se perfila como un factor determinante para exigir rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y para impulsar cambios estructurales que eviten el colapso total de la nación.
