El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, condenó a dos ciudadanos a prisión por la venta de medicamentos a precios elevados, una práctica derivada del profundo colapso del sistema de salud en la isla. Este castigo ejemplarizante contrasta severamente con las recientes condenas a abusadores sexuales de menores y con las drásticas penas impuestas a cientos de manifestantes pacíficos, evidenciando el uso politizado del sistema judicial por parte del régimen de La Habana.
Según información emitida por el Tribunal Provincial Popular, Yoandrys Luis Blanco William y Miguel Alejandro Labañino Fernández fueron juzgados en las causas 495 y 496 de 2025. Las autoridades de la isla los hallaron culpables del delito de actividades económicas ilícitas por la adquisición y comercialización de fármacos. Luis Blanco fue sancionado a diez meses de privación de libertad, mientras que Labañino recibió un año de cárcel, sumado a la privación de derechos públicos y el comiso de bienes. La penalización de esta actividad refleja la incapacidad del gobierno cubano para garantizar el acceso a medicamentos básicos, lo que ha obligado a la ciudadanía a recurrir a un mercado negro como única vía para suplir las carencias del desabastecimiento médico.
El rigor aplicado a la venta de medicinas choca frontalmente con la benevolencia mostrada en casos de extrema gravedad penal. Recientemente, el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo procesó a Daima Rodríguez Núñez y Carlos Díaz González por corrupción y abuso sexual de menores de edad. Las pruebas demostraron que la madre obligaba a sus cuatro hijas, la menor de un año, a deambular por las calles pidiendo dinero para financiar el alcoholismo de los acusados, además de permitir el abuso sexual de su hija de siete años por parte de su pareja. A pesar de la magnitud de estos delitos, la justicia impuso penas de ocho y diez años de prisión, respectivamente.
Represión política frente a la inseguridad ciudadana
La disparidad en las condenas se vuelve aún más alarmante al observar el trato hacia la disidencia política. Desde las protestas masivas del 11 de julio de 2021, la dictadura cubana ha orquestado una campaña de judicialización contra cientos de manifestantes pacíficos y testigos pasivos. Mediante la fabricación de delitos y juicios carentes de garantías procesales, el régimen ha impuesto condenas que oscilan entre cuatro y más de quince años de prisión política. Esta política penal demuestra que el aparato judicial está diseñado para proteger la hegemonía del Partido Comunista, priorizando la persecución de la protesta social sobre la protección de la niñez y la seguridad ciudadana.
La desproporción en las sentencias emitidas por los tribunales subraya una crisis institucional profunda, donde el código penal es utilizado como un instrumento de control social y escarmiento. Mientras el ejecutivo cubano criminaliza la supervivencia económica de sus ciudadanos y blinda su poder frente a la disidencia, la impunidad estructural frente a delitos graves continúa minando el ya mermado tejido social. Esta realidad exige un escrutinio constante por parte de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, ante un sistema que ha normalizado la vulneración de la legalidad y la dignidad humana en favor de la permanencia en el poder de la casta gobernante.
