Las autoridades penitenciarias de Mar Verde impidieron este lunes la visita conyugal a Nelva Ismarays Ortega Tamayo, esposa del opositor José Daniel Ferrer, lo que provocó que la activista se plantara a las puertas del penal en protesta. La medida es interpretada como una represalia directa tras la difusión de una carta manuscrita del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) donde denunciaba torturas y aceptaba el destierro para proteger a su familia.
La denuncia fue difundida a través de redes sociales por Ana Belkis Ferrer García, hermana del opositor, quien alertó sobre la situación de riesgo que enfrenta Ortega Tamayo al permanecer estacionada frente a la cárcel expuesta a una inminente detención. Según el relato familiar, los funcionarios del penal no solo bloquearon el encuentro íntimo, sino que impidieron cualquier tipo de contacto visual con el preso político. La familia responsabiliza directamente a la cúpula militar del país y a los agentes represores del G2 por la integridad física y psicológica del líder opositor.
Represalia tras la denuncia de torturas
El episodio ocurre apenas días después de que se hiciera pública una misiva fechada el 10 de septiembre, en la cual Ferrer García relata haber sido sometido a \»tratos crueles inhumanos y degradantes\», golpizas y condiciones extremas de aislamiento durante su reclusión. En el documento, el activista confirma que ha aceptado la salida al exilio bajo la constante presión de la policía política, aunque advierte que no negociará condiciones que comprometan sus principios. Desde el regreso de Ferrer a la prisión el pasado 29 de abril, tras un breve periodo de libertad provisional, el régimen de La Habana ha intensificado el acoso para forzar su salida del país.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) se pronunció en consonancia, calificando el bloqueo de la visita como \»una nueva represalia\» y exigiendo garantías para la vida del opositor y su esposa. Esta acción se inscribe en el patrón sistemático de la dictadura cubana de utilizar la privación de libertad y el hostigamiento familiar como herramientas para silenciar la disidencia. La incertidumbre sobre si el ejecutivo cubano finalmente cumplirá con el destierro pactado mantiene en vilo a los activistas, quienes agradecen la solidaridad internacional pero desconfían de los procesos migratorios forzados gestionados por la seguridad del Estado.
La situación frente a la prisión de Mar Verde evidencia una vez más el colapso del Estado de derecho en la isla y la vulnerabilidad de quienes se atreven a desafiar el poder. Mientras la comunidad internacional permanece atenta a la evolución de este caso, la negativa de las autoridades penitenciarias reaviva el debate sobre la necesidad de exigir la liberación incondicional de los presos políticos en Cuba, frente a un sistema que privilegia el destierro como mecanismo para vaciar la isla de voces críticas.
