Las autoridades de la isla desplegaron un operativo de intimidación y detenciones selectivas contra residentes de Baracoa que salieron a las calles para exigir el restablecimiento del servicio de agua y electricidad. El testimonio de un habitante del barrio Van Van confirma que funcionarios del Ministerio del Interior amenazaron, golpearon y arrestaron a varios participantes, incluyendo menores de edad, tras una protesta motivada por el colapso de los servicios básicos en la oriental ciudad.
La indignación ciudadana estalló en varios barrios de Baracoa tras más de tres meses sin suministro de agua y con la entrega de apenas una hora diaria de electricidad. Según relató a medios independientes el residente Maikel Lores Matos, cientos de personas se congregaron para reclamar sus derechos mínimos, coreando consignas contra la ineficiencia gubernamental y la actitud de un delegado local del Ministerio del Interior (MININT). Sus hermanos, Alberto y Geovanis Lores Matos, participaron en la manifestación motivados por el agotamiento frente a una situación insostenible que les obliga a abastecerse de agua directamente del río.
La respuesta de la dictadura cubana no se hizo esperar. Al día siguiente de la protesta, el delegado del MININT citó a los hermanos Lores Matos a su oficina, donde los sometió a un interrogatorio cargado de insultos, provocaciones y amenazas físicas. El funcionario, respaldado por la impunidad del régimen, aseguró que podía encarcelarlos \»porque le da la gana\» e intentó incitarlos a la violencia. Durante el forcejeo, uno de los jóvenes salió de la oficina con lesiones en la cabeza, en un claro episodio de violencia policial y coacción psicológica.
La represión se extendió a otros manifestantes que ejercieron su derecho a la libre expresión. Lores Matos denunció que, a pesar de que más de 500 personas participaron en la protesta, las fuerzas del orden optaron por la persecución selectiva, arrestando también a dos adolescentes que se habían sumado al reclamo ciudadano. Cuando el denunciante intentó mediar para conocer el paradero de sus familiares, los agentes policiales intentaron detenerlo también, ordenándole bajar la voz y advirtiéndole con el arresto inmediato.
Colapso estructural y criminalización de la protesta
El estallido social en Baracoa es un reflejo directo de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La combinación de apagones prolongados, desabastecimiento de recursos vitales y una inflación galopante ha empujado a la ciudadanía al límite de su resistencia. Frente a este escenario de fracaso en la gestión pública, el régimen de La Habana ha consolidado una política de criminalización de la protesta, utilizando el aparato represivo del MININT para silenciar el descontento social mediante el miedo, las amenazas y la violencia arbitraria.
Los hermanos Lores Matos y los menores detenidos fueron liberados, pero bajo la amenaza explícita de encarcelamiento si vuelven a manifestarse. Este patrón de represión selectiva busca desincentivar la organización comunitaria en un momento de máxima vulnerabilidad para la población. La persistencia de este asedio policial no solo agrava la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba, sino que profundiza el aislamiento del ejecutivo cubano frente a la comunidad internacional, que continúa documentando el uso de tácticas de terror de Estado contra civiles desarmados.
